Hay una foto en el archivo de la redacción, puede que del año 2009, en la que aparece Pilar Sánchez, entonces alcaldesa de Jerez, junto a Luis Pizarro, entonces consejero de la Junta de Andalucía. Van paseando por una zona de la ciudad que se encontraba entre las posibles ubicaciones de la futura Ciudad de la Justicia.
Han pasado 15 años desde entonces -la Junta nunca puso excesivo interés- y ha sido esta semana cuando han comenzado a concretarse pasos consistentes de cara a la construcción del complejo judicial con la elección del solar elegido.
Tampoco es que vaya a estar pasado mañana -las estimaciones más optimistas apuntan a un posible inicio de las obras dentro de dos años y medio; y ni siquiera el consejero de Justicia sabe precisar el coste: una muy generosa horquilla de entre 30 y 45 millones de euros-, pero, sin duda, es un mejor comienzo que el de hace tres lustros.
No obstante, la rigurosidad oficial -casi de escaparate: una de las señas del nuevo mandato municipal de Pelayo- que se le ha querido dar al impulso al proyecto, unida al consenso establecido con los operadores jurídicos, choca asimismo con las críticas vertidas por los sindicatos del ámbito de la justicia, que representan a un número importante de esos mismos operadores, tras ser ninguneados en las reuniones decisivas para elegir unos terrenos que tampoco les parecen los más idóneos -el propio Colegio de Abogados, que sí estuvo en la reunión, tenía como prioridad los suelos de La Asunción-. Posteriormente, la exalcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha asegurado que el Ayuntamiento ya propuso esos suelos a la Junta y recibió como respuesta que presentaban problemas con aguas del subsuelo.
Será o serón, pero lo cierto es que no adivinamos el día en que sea posible lograr una relevante unanimidad a la hora de sacar adelante proyectos que vayan en beneficio de la propia ciudad, ya sea ésta o cualquier otra: en Cádiz, por ejemplo, donde también han anunciado, sin tanta parafernalia, el inicio de las obras de su Ciudad de la Justicia, la oposición ya pone en duda los plazos. Por exceso o por defecto, seguimos inmersos en las dinámicas de siempre.
Posiblemente todo se reduzca a una cuestión de exhibicionismo político, se hallen o no las soluciones, como comprobamos con tristeza en la lucha contra la violencia machista, donde ni todo el dinero invertido, ni todas las campañas impulsdas, logran poner fin a la tragedia, de lo que cabe deducir que el dinero se invierte mal y que las campañas son insuficientes o no logran hacer llegar el mensaje correcto a la sociedad.
El caso de esta semana en El Prat de Llobregat, en el que un hombre ha matado a su mujer y sus dos hijos pequeños, ha sido desgarrador; no sólo por el crimen en sí, sino por la evidencia de un nuevo patrón dentro de lo que se ha denominado violencia vicaria.
El patrón lo puede apreciar cualquiera que lea los titulares -siete menores asesinados en apenas cuatro meses, 57 desde 2013-, que el Gobierno haya tardado ese tiempo en reaccionar a “una realidad que nos interpela” o a lo que ahora define como “una variación en cuanto a la reacción de los machistas”, supone reconocer un nuevo fracaso en las políticas en materia de lucha contra la violencia sobre las mujeres, aunque lo disipen con una frase desconsoladora que lo mismo vale para esta cuestión como para la lucha contra el narco en el Campo de Gibraltar: “Siempre que hay avance, hay una reacción contraria”.
En una entrevista en RNE, el profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada, Miguel Lorente, sostenía que “no estamos igualando la respuesta a las nuevas circunstancias” y que, cuando esto ocurre, el hombre que ya está pensando en hacer daño a su mujer o a su expareja, “se refuerza en su intención y se anima a seguir adelante”. En los últimos veinte años, la violencia machista ha acabado en nuestro país con la vida de 1.249 mujeres. Igualar la respuesta a las circunstancias sigue siendo la clave.
