En declaraciones a Canal San Roque Radio, el primer edil aclaró que “en la reunión se trataron otros temas, porque la barriada se compone de diez bloques y tienen más problemas además de los del agua, que afecta sólo a los bloques 9 y 10. Ayuntamiento y Arcgisa -detalló- van a asumir la responsabilidad de las infraestrucutras necesarias para que cada uno de los vecinos pueda darse de alta en Arcgisa con un contador independiente, que será lo único que deberán pagar. Serán entre cuarenta y cincuenta euros, que es lo que cuesta a cualquier familia de San Roque darse de alta en este servicio”.
Instó a los afectados a “preparar la documentación necesaria para firmar la solicitud de contrato. Aparte, deberán suscribir un documento en el que expresen su compromiso de iniciar la escrituración de su vivienda, un proceso en el que contarán con el apoyo del Ayuntamiento”. En opinión del alcalde “vamos a solucionar un problema importante que se padece desde hace más de treinta años, para lo que ha sido necesaria la buena voluntad de los vecinos, de la asociación, del Ayuntamiento y de Arcgisa”.
Indicó Palma que “no podría precisar el tiempo que llevará la instalación de los contadores. Estamos hablando de unas cincuenta unidades, y le corresponde a Arcgisa coordinar al personal necesario para llevar a cabo estos trabajos. Supongo que se podrá hacer en poco tiempo, pero tampoco quiero arriesgarme a dar fechas porque no me corresponde”.
Recientemente, el alcalde instó a los vecinos a desbloquear la situación, ante las dudas de algunos a sumarse al principio de acuerdo entre Ayuntamiento y Arcgisa. Hay que recordar que ambos bloques cuentan en la actualidad con contadores únicos para todas las viviendas de los edificios, y los vecinos se negaban a pagar sus partes respectivas, por lo que se fue acumulando una deuda considerable con Arcgisa que ha motivado que se quedaran sin suministro de agua en varias ocasiones.
Recordaba entonces el primer edil que contar con un contrato, como el del suministro del agua, es clave para demostrar que se habita una de esas viviendas, algo imprescindible para luego optar a su compra. El Ayuntamiento está realizando diversas indagaciones para conocer si esos bloques tienen propietario legal. De no ser así, como se supone, se podrían iniciar los trámites para asumirlos desde el Consistorio y, finalmente, venderlos a sus ocupantes por un precio estimado de unos 3.000 euros.