En una votación que generó cierta confusión, la ley Sinde ha sido respaldada por PSOE, PP y CIU, que confirmaron con sus votos la enmienda pactada pocas horas antes de que concluyera el plazo de presentación de enmiendas a la LES el pasado 24 de enero en la Cámara Alta.
La ley antidescargas, aprobada con 244 votos a favor y 12 en contra, fue rechazada por ERC, ICV, CC, PNV, Partit Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista y Grupo Mixto.
En una primera votación, el Pleno del Senado ha votado la propuesta de los senadores José Manuel Pérez Bouza, del BNG y de Narvay Quintero, de CC, para que la ley Sinde no entrara en el texto de la Ley de Economía Sostenible y que ésta se remitiera sin ella al Congreso.
El resultado fue 12 votos a favor y 244 en contra de la enmienda, lo que provocó que, tras la votación, la portavoz del PSOE, Carmela Silva, explicara a los periodistas que el resultado podía leerse al revés y considerarse que las enmiendas sobre la ley Sinde y la reforma del canon digital habían salido adelante con 244 votos a favor y 12 en contra.
Después el Pleno del Senado votó el dictamen de la Comisión de Economía del pasado 1 de febrero que contenía la ley Sinde y la reforma del canon digital, ambas enmiendas pactadas por PSOE, PP y CiU.
El dictamen fue aprobado con 248 votos a favor, 5 en contra y una abstención.
La ley Sinde volverá el próximo martes al Congreso de los Diputados para su previsible aprobación definitiva, y “podría empezar a aplicarse en verano”, según aseguró a Efe la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, después de que se desarrolle el reglamento de la norma y se constituya la Comisión de Propiedad Intelectual.
El texto de la nueva disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible introduce algunas
modificaciones respecto al original, pues en la nueva ley el juez interviene desde el primer momento en el proceso de cierre de una página web.
El portavoz del PP en el Senado, José María Chiquillo, defendió que “gracias” a su grupo la nueva ley Sinde refuerza las garantías judiciales y pasa de ser “un virus informático de censura” a una herramienta de control judicial con “escrupuloso” respeto a los internautas.
No obstante, recordó que este acuerdo no supone “un cheque en blanco” al Gobierno porque el texto es “manifiestamente mejorable”, ya que recoge el consenso de unos mínimos “innegociables” que son la modificación del canon digital y el papel garante del juez.
El portavoz de CiU en el Senado, Ramón Alturo, señaló que con esta ley quieren “normalizar la sociedad de la información y que se desarrolle un mercado potente”.
En este sentido, el portavoz del PSOE, Félix Lavilla, defendió que este marco legal permitirá el cambio de modelo y apostó por que “la cultura y la tecnología tienen que navegar juntos” con protección jurídica.
Una garantía que, a su juicio, permitirá compatibilizar los derechos de la red con la propiedad intelectual y con todos los creadores, tanto los quieran ofrecer sus obras gratis en internet como los que no.
El resto de grupos también han aprovechado su turno de intervención para considerar la ley Sinde, si bien de manera muy dispar a los anteriores.
El portavoz del Grupo Mixto, Pere Sampol, considera que la norma no solucionará el problema de la piratería en internet y aseguró que el texto “no convence ni a los internautas ni a los creadores”.
También en contra de la ley se manifestaron Narvay Quintero del Grupo Mixto y perteneciente a CC, y José Manuel Pérez Bouza, portavoz de Grupo Senadores Nacionalistas y senador por el BNG.
