La Junta de Andalucía ha dado de baja las licencias las 721 viviendas turísticas que incumplían el plan general y otras normativas, según ha revelado hoy el portavoz del Gobierno andaluz, una medida que también se ha extendido al resto de capitales de provincias hasta un total de 2.445 pisos turísticos.
Sevilla ha sido la capital en la que más licencias se han revocado, un total de 721, seguido de las 617 en Cádiz; 435 en Málaga; 316 en Granada; 140 en Almería; 87 en Huelva; 79 en Jaén; y 50 en Córdoba, según los datos de la Consejería de Turismo.
Según el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, Turismo mantiene reuniones con los ayuntamientos para ir aplicando el decreto de viviendas turísticas aprobado en febrero y analizar los casos que se solicitan para posibles revocaciones de licencias emitidas por declaración responsable. "La declaración responsable va aparejada de una labor inspectora, y más si existe una denuncia o reclamación", ha señalado el portavoz.
Para la Junta, el debate abierto en las principales ciudades turísticas es "un buen ejemplo" de que el decreto de la Junta "está cumpliendo su misión", ya que es una "herramienta" para que los alcaldes puedan "tomar la iniciativa" en la limitación o revocación de los pisos, ha indicado, apuntando que se pueden limitar en función "de barrios, zonas, de una densidad concreta".
Bueno defiende la limitación del 10%
Por su parte, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha defendido este martes el "informe técnico-jurídico serio" que establece la limitación de las VUT al 10%, que "no nos lo hemos inventado" y que hubiera permitido ya que no hubiera ninguna licencia más en las zonas saturadas, como el Casco Antiguo, "y por mucho tiempo", pero que no se hizo efectivo por el "bloqueo de la oposición".
Bueno, que desconoce la propuesta de moratoria de Cádiz o Granada, considera que tienen "situaciones diferentes y que tendrán sus propios argumentos jurídicos y técnicos", pero que en su Gobierno "no queremos equivocarnos y meternos en un lío jurídico", que pueda paralizar la normativa una vez implantada por una medida cautelar.
Ha insistido en que con la propuesta municipal las zonas tensionadas "no tendrían más licencias", además de que se propuso a los grupos que hubiera una revisión a los seis meses, criticando que la oposición tenga "la negativa por respuesta".
Ha apuntado que las 715 viviendas que han denunciado "no han aparecido en este año. Seguro que estaban antes y nadie se ocupó y se preocupó de averiguarlo", apuntando que el Gobierno municipal, mediante "acuerdos con las partes implicadas, con los propios vecinos, hemos hecho por lo menos este trabajo. Que yo creo que no es baladí".
También ha anunciado que se se va a poner en marcha, en colaboración con la Junta, una campaña de control de viviendas turísticas ilegales, "que ni siquiera están registradas, y que implicará sanciones que se está estudiando".
