Hace escasos días, en Huelva, su delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Pedro Yórquez, anunciaba que la Junta de Andalucía trabaja “con ahínco” para recuperar de forma “próxima” Isla Saltés, que es una pequeña isla fluvial situada en la ría entre Huelva y Punta Umbría, perteneciente a Marismas del Odiel y que actualmente está en manos privadas tras su venta en 2006.
Este anuncio, adquirir unos suelos que fueron vendidos hace dos décadas a manos privadas, suscita una pregunta casi de manera inmediata… ¿por qué no hacer lo mismo con las seis mil hectáreas de la Laguna de la Janda ‘ocupadas’ por terratenientes privados, entre ellos la familia Mora-Figueroa, y sobre la que encima pesa una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce que pertenecen al Dominio Público?
Por supuesto que es positivo el hecho de que la Junta trabaje con “ahínco” para recuperar unos terrenos en los que, según el propio Yórquez, “confluyen tanto los aspectos de valor ambiental como el cultural", destacando que fue una ciudad que "llegó a albergar hasta 10.000 habitantes, con lo cual nos podemos hacer una idea de lo que hay bajo sus tierras", pero esta actuación nos permite pensar que en lo relativo a la Laguna de la Janda, cuyo valor medioambiental es incalculable, la Administración Autonómica ha querido lavarse las manos, no asumir sus competencias, no aplicar una sentencia y así evitar tener que confrontarse a una de las familias más poderosas de Andalucía.
Y es que como señala Yórquez, en cuanto a “la conservación de los valores ecológicos, la Junta tiene las competencias absolutas", algo que no se aplica en La Laguna de La Janda, el que fuera el humedal interior más extenso de España y uno de los de mayor importancia medioambiental de Europa, con una gran biodiversidad.
Además, la Isla Saltés fue vendida a propietarios privados en 2006, con lo que de alguna manera se tendrá que negociar una indemnización o pago a los mismos, mientras que La Laguna de la Janda fue una concesión administrativa que por motivos distintos fue suspendida hacia 1960 y además cuenta con una sentencia judicial que así lo dictamina.
Cuando los colectivos ecologistas y conservacionistas tuvieron en sus manos esa sentencia, hace unos cinco o seis años, el caso se puso en manos del Ministerio de Patrimonio y del Ministerio de Medio Ambiente, quienes lo derivaron a la Junta de Andalucía, desde donde se abrió un expediente para dilucidar a quién pertenecen esos terrenos y “porque tenía que hacer concesiones de agua para el riego y tenía miedo a pillarse las manos porque nosotros ya lo habíamos advertido de que esos señores estaban recibiendo dinero de la PAC y agua de tierras que no son suyas, sino públicas… Y a la Junta le entró un poco de miedo pero las presiones debieron ser tan fuertes que cierra el expediente diciendo que no pueden saber de quién es la titularidad, que se inhibe y que manda de nuevo el expediente a Patrimonio del Estado, quien a su vez lo devuelve a Medio Ambiente y ahí está”, tal y como nos explican desde Ecologistas en Acción, uno de los colectivos que están en la batalla de David contra Goliat para recuperar esas seis mil hectáreas que deberían pertenecer al dominio público, según sentencia judicial.
Es decir, la Junta le pasó la pelota a Madrid cuando en sus manos estaba poder recuperar unos terrenos de altísimo valor medioambiental y también con capacidad para generar empleo y riqueza a través de cultivos, espacios para el avistamiento de aves y como enclave de primer orden para el turismo de naturaleza. Entonces, la pregunta es ¿por qué sí se trabaja en recuperar la Isla Saltés y sin embargo no se realiza el mismo esfuerzo en las seis mil hectáreas de la Laguna de La Janda? La respuesta podría estar en los apellidos de quienes ocupan este último suelo…
