El portavoz adjunto de Con Málaga en el Ayuntamiento de la capital, Nico Sguiglia, ha expresado su desacuerdo con "la nueva tasa que el equipo de gobierno del PP quiere implementar", y ha pedido una revisión de las tarifas. En este sentido, el edil señala que según lo anunciado, "la tarifa podría suponer un costo de hasta 224 euros al año para cada familia malagueña". Con Málaga pide un trato diferenciado para las viviendas turísticas.
A través de un comunicado, señala que el principal problema radica en el enfoque homogéneo del proyecto, "que agrupa tanto a viviendas residenciales como a viviendas turísticas en la misma categoría para el cálculo de la tasa".
En este sentido, ha enfatizado que "esta nueva tasa no tiene en cuenta las diferencias entre las viviendas familiares y las turísticas, las cuales tienen un uso terciario orientado al alojamiento de visitantes, asemejándose más a hoteles y otros hospedajes".
Además, Sguiglia recuerda que "las viviendas turísticas generan más residuos que una familia promedio debido a la rotación constante de turistas". En este sentido, Con Málaga ha exigido que el Ayuntamiento "rectifique y cree un apartado específico dentro de la nueva tasa de basura para las viviendas turísticas, imponiendo una tarifa más alta a este tipo de alojamientos".
"Estamos a la espera de que el equipo de gobierno reconsidere su postura y adopte un enfoque más justo y equitativo en la aplicación de la nueva tasa de residuos, diferenciando claramente entre los hogares familiares y las viviendas con fines turísticos", insiste Sguiglia.
"No es justo que las familias malagueñas paguen lo mismo que los propietarios de viviendas turísticas, cuando está demostrado que estos alojamientos generan más basura", concluye.
Por su parte, Toni Morilla, concejala y portavoz del grupo, también critica la propuesta y señala que "el PP se apresura a imponer una tasa que afectará directamente a todas las familias malagueñas, mientras ignora la posibilidad de que los turistas, quienes también utilizan los servicios municipales, contribuyan de manera justa". Según Morillas, "la decisión demuestra una falta de sensibilidad hacia las familias".
