Así lo expone la defensa de Pamiés, que ejerce el equipo de abogados de José María Fuster Fabra, en un escrito remitido ayer al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el que solicita el archivo del caso Faisán, ante “la inconsistencia” de las conclusiones del equipo investigador del chivatazo, que lidera el comisario Carlos Germán.
Los abogados de Pamiés discrepan con la principal conclusión a la que llegó el equipo investigador y es que el chivatazo estaba enmarcado en la negociación con ETA y tuvo un móvil político.
A su juicio, el móvil del chivatazo pudo ser “un cambio de estrategia policial”, un “cebo” para que Elosua entregara, “bajo vigilancia”, el dinero fruto de la extorsión a su contacto en ETA, el etarra José Antonio Cau Aldanur, al que a raíz del soplo le hizo llegar 54.000 euros.
Según esta hipótesis, “a Elosua nunca se le diría la verdad, sino que se pondría la excusa de la negociación política para que continuara y llevara a la Policía más allá”.
“En cualquier caso, la presumible falta de seguimiento y control posterior de Elosua hubiera abortado ese enfoque alternativo” y consideran responsable a Germán de “tal negligencia”.
La defensa de Pamiés cree que la investigación de Germán está viciada desde el momento en que él era el responsable de vigilar el bar Faisán cuando se produjo el chivatazo, el 4 de mayo de 2006, por lo que estima “absolutamente inviable el mantenimiento de dicho equipo investigador por ser parte interesada”.
Considera por ello inválido el trabajo del equipo investigador porque “en vez de investigar libre de prejuicios y asumiendo o abriendo diferentes líneas de investigación, se determina un culpable y a partir de ahí se buscan elementos que coadyuven al mantenimiento de su culpabilidad”.
La defensa de Pamiés critica especialmente que sólo se han analizado los repetidores de telefonía españoles y no los franceses, lo que ha llevado a concluir a Germán que la “única llamada posible” relacionada con el momento del chivatazo es la que hizo el inspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros (presunto autor material del soplo).
No entienden los abogados cómo no se han investigado, a través de los listados de los repetidores franceses, las llamadas de los policías que aseguraron encontrarse en Francia cuando se produjo el chivatazo y después han sido vistos en las inmediaciones del Faisán, que se encuentra en la frontera con el país galo.
Tampoco comprenden por qué no se han investigado las llamadas de esta veintena de agentes hechas con teléfonos privados, ni que se haya tratado de averiguar si el chivatazo pudo hacerse con un teléfono satélite, dándose por buena la afirmación del equipo investigador de que esa posibilidad quedaba descartada por el tamaño de esos aparatos.
