En rueda de prensa, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha explicado que la Junta ha solicitado al juzgado que "señale fecha para la devolución de las actas y su retorno a las dependencias de la Junta", y ha vuelto a solicitar a la jueza que remita al tribunal de conflictos las actuaciones relacionadas con las actas para que se inicie la tramitación del conflicto de jurisdicción.
Moreno ha mostrado su confianza en que "este incidente" de las actas pueda abrir un periodo de mayor "confianza y colaboración" con el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, que instruye el caso, ya que, según ha resaltado, la Junta está actuando "con la máxima rigurosidad y transparencia política y jurídica".
Según la consejera, el traslado de las actas al juzgado "hizo daño a la imagen de la Junta", por lo que ahora su devolución "también devuelve a la Junta la imagen de un Gobierno serio y riguroso", así como de "un poder del Estado que combate la corrupción como el que más y que confía en la Justicia y en el que la Justicia puede confiar".
Para Moreno, el auto de la Audiencia Provincial -notificado a la Junta esta mañana- pone de manifiesto que "no hay ninguna razón para que ningún juzgado tenga que desconfiar de la Junta", que está "en el mismo barco que en el juzgado y tiene el mismo objetivo, que es sentar en el banquillo a los responsables del fraude".
Después de mostrar su "respeto, voluntad y compromiso de colaboración al máximo con el juzgado de instrucción número 6", Moreno ha afirmado que "otra cosa bien distinta es el Partido Popular", que ha acusado a la Junta de "obstruccionistas, de no colaborar con la justicia, de desobediencia y de querer eludir la acción de la justicia", ha indicado.
"Este auto da la razón a la Junta y se la quita al Partido Popular", ha dicho Moreno, quien ha añadido que los populares han demostrado "su falta total de sentido institucional y de sentido de Estado", así como "un oportunismo sin escrúpulos institucionales en el caso de las actas".
Ha resaltado que la Junta ya se ha dirigido al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción poniendo en su conocimiento el caso y la "dilación" que a su juicio se está produciendo "en la solventación de este incidente", y que al Gobierno andaluz le consta que el propio Tribunal de Conflictos ya ha señalado ponente, por lo que confía en que la tramitación pueda iniciarse.
"A día de hoy no tenemos ninguna intención de recusar a nadie", ha dicho Moreno preguntada por la posibilidad de ejercer esta acción contra la juez Mercedes Alaya, y ha añadido que, al contrario, lo que tiene la Junta es "la máxima voluntad, reiteradamente expresada, de colaborar con la justicia en el fondo del asunto de los ERE", que, ha recordado, "ha denunciado la propia Junta".
