En concreto, la gerente provincial de EPSA, Lydia Adán Lifante, firmaba el pasado 28 de junio un documento recogido por Europa Press y en el que figura que la citada empresa pública había adjudicado a 'Carmocon S.A.' un proyecto presupuestado en 119.910,59 euros y destinado a la "urbanización" del sector de terrenos denominado SUNP-AE-1, en el término municipal de Sevilla. El contrato adjudicado, para más detalles, comprende la urbanización de las manzanas A-1.1, a-1.2 y A-1.3 de este sector de suelos.
Jesús Rodríguez, uno de los portavoces del colectivo de socios de la cooperativa de viviendas 'Sol del Sur', ha señalado a Europa Press que, efectivamente, la culminación de estas obras de urbanización adjudicadas ahora por EPSA son el "requisito" necesario para que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla conceda a los cooperativistas la autorización preceptiva para habitar los pisos.
CONFLICTO POR UNAS VIVIENDAS DE SEVILLA ESTE
El abogado del colectivo de afectados, Alejandro Gómez, había informado ya de que la Empresa Pública del Suelo de Andalucía tenía la obligación de hacerse cargo de la urbanización de las fincas, pues "se vendieron como urbanizadas y así se pagaron, ya que hasta en el pliego de condiciones del concurso estaban descritas como urbanizadas". La realidad, según el letrado del colectivo de cooperativistas, es que las obras de urbanización "ni siquiera habían empezado a la fecha de la compraventa".
A tal efecto, el colectivo de cooperativistas advierte de que, mientras en mayo de 2011 finalizó la construcción de las viviendas en cuestión, "la entrega de las mismas no es posible, puesto que la Gerencia de Urbanismo, cumpliendo con la legalidad, no concede la licencia de primera ocupación hasta que no estén terminadas las obras de urbanización". "Tenemos las viviendas terminadas y no podemos acceder a ellas porque EPSA, desde 2007, no ha sido capaz de concluir la urbanización. Mientras, nosotros hemos ejecutado en su totalidad la construcción de 117 y 104 viviendas respectivamente, debiendo asumir los gastos financieros y demás sobrecostes derivados de dicho retraso, cosa inadmisible en los tiempos en los que estamos", señalan los afectados.
