Según han informado a Efe fuentes del caso, la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha informado a estos dos "intrusos", que fueron incluidos de forma irregular en las ayudas sociolaborales de dos empresas, de que se les imputan a cada uno un delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación en su condición de "extraneus" al no ser funcionarios.
Los dos prejubilados citados hoy son el exmilitante del PSOE de Camas (Sevilla) Ricardo M.B., que fue incluido en el ERE de la empresa Intersur sin haber trabajado nunca en ella, y Antonio M.S., concuñado del exmilitante socialista José A.L. y también de Antonio Rivas, exalcalde de Camas y exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla, ambos igualmente imputados en esta causa.
Estas comparecencias se han producido después de que el pasado viernes la juez citara a los tres primeros "intrusos" del total de 72 detectados por la Junta de Andalucía y que decidieron igualmente acogerse a su derecho a no declarar.
A raíz de la investigación judicial, la consejería andaluza de Empleo detectó 72 prejubilados que nunca habían trabajado en las empresas por las que cobraron pólizas, así como otros 111 casos con "discordias administrativas".
En las diligencias abiertas también están imputados el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández y el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, entre otros.
La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, el IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.
EL "FONDO DE REPTILES"
Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.
En el marco de estas diligencias, la juez Mercedes Alaya ha emitido un último auto en el que cita a declarar a un total de 14 beneficiarios de estas prejubilaciones fraudulentas, toda vez que todos ellos habrían comparecido ya ante los investigadores de la Policía Judicial en los últimos meses como fruto del avance de las actuaciones. En concreto, este pasado viernes tomó declaración a los vecinos de Camas (Sevilla) Juan Manuel López Espada, José Acevedo y José Antonio García Prieto.
Este último, de hecho, dimitía como secretario de Política Municipal de la Agrupación socialista de Camas al ser conocida su prejubilación en una empresa para la que nunca había trabajado. Los tres primeros prejubilados, a los que la juez imputa sendos delitos de tráfico de influencias y prevaricación en su condición de extraneus, se acogieron a su derecho a no declarar y se limitaron a ratificar la declaración prestada en sede policial, donde dijeron que el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ofreció a García Prieto unas "ayudas de supervivencia".
LOS PREJUBILADOS DE CAMAS
El día 14 de julio, igualmente, han sido llamados a comparecer Ricardo Medina Barrios y José Antonio Márquez Sánchez, también vecinos de Camas y supuestamente beneficiarios de estas falsas prejubilaciones. Ricardo Medina Barrios y Juan Manuel López Espada, además, eran miembros de la Agrupación socialista de Camas.
Ya el 9 de septiembre, la juez ha llamado a declarar al exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo y a Andrés Carrasco Muñoz, natural de este municipio y amigo de la infancia del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. Para el 15 de septiembre, han sido llamados a declarar María del Carmen Fontela, la segunda 'intrusa' descubierta en la trama, y María del Carmen García, propietaria del restaurante sevillano Río Grande, en cuyo expediente de regulación de empleo fue prejubilada precisamente Fontela González pese a no figurar en la plantilla.
Para el 16 de septiembre, han sido llamados a declarar Alejandro Millán Torres, un pensionista también oriundo de El Pedroso, y Rafael Ruiz García, vecino de Córdoba y "amigo" también del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. Para el 19 de septiembre, finalmente, han sido convocados el sindicalista Rafael Rodríguez, Francisco de Paula Hernández Diánez, vecino de Mairena del Aljarafe (Sevilla), y Antonio González Pérez.
