El Ejecutivo central ha expresado su apoyo a que el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana emita un informe sobre el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar. La iniciativa, impulsada por la empresa Minera Los Frailes, ha generado un amplio debate debido a sus posibles impactos ambientales y económicos. La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha recomendado la creación de una comisión de expertos para evaluar los riesgos asociados a los vertidos previstos en el Guadalquivir.
El accidente ocurrido en 1998 con la fractura de la balsa de residuos de la antigua explotación sigue pesando en la memoria colectiva. Los grupos ecologistas advierten que la reapertura de la mina supondrá el vertido de grandes cantidades de agua contaminada con metales pesados en el río, lo que podría afectar negativamente a la pesca y la agricultura de la zona. Por su parte, los promotores del proyecto destacan los beneficios económicos y la generación de empleo, con una inversión estimada en 316 millones de euros y la creación de unos 2.000 puestos de trabajo.
El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha defendido que el proyecto cumple con las normativas medioambientales más estrictas y que se han previsto medidas para garantizar la depuración del agua. Entre ellas, se contempla una inversión de 100 millones de euros en sostenibilidad y tratamiento de residuos. Sin embargo, los colectivos ecologistas siguen mostrando su preocupación por los posibles efectos acumulativos de los vertidos sobre el estuario del Guadalquivir y el Parque Nacional de Doñana.
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha recogido informes elaborados por expertos universitarios que alertan sobre la contaminación ya existente en el Guadalquivir debido a otros proyectos mineros en la región. En este sentido, han señalado que la acumulación de residuos podría provocar un impacto ambiental persistente en una zona de especial conservación dentro de la Red Natura 2000. Ante esta situación, se ha insistido en la necesidad de realizar un análisis más detallado de los riesgos antes de avanzar con el proyecto.
Desde la Administración andaluza se ha explicado que el volumen de vertidos anuales se ha evaluado dentro del estudio de impacto ambiental y que las necesidades medias de descarga están en torno a los 2,6 hectómetros cúbicos al año, aunque en ciertos momentos podrían alcanzar un máximo de 4 hectómetros cúbicos. No obstante, la Oficina del Defensor del Pueblo ha instado a la Junta a revisar los informes científicos disponibles y a valorar si los riesgos ambientales han sido adecuadamente ponderados en el proceso de autorización.
Como posibles medidas adicionales, se ha planteado la creación de una comisión de expertos similar a la que se organizó en el caso del dragado del Guadalquivir. Además, se ha sugerido que el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana emita un informe sobre la viabilidad del proyecto, aunque su dictamen no sea vinculante. También se ha solicitado un pronunciamiento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre el posible impacto de los vertidos en el ecosistema de Doñana y su entorno.
