En declaraciones a Europa Press, una de las afectadas ha explicado que la subasta prevista para este jueves no se ha realizado finalmente ante la ausencia de personas que pujaran por adquirir la vivienda al precio que se ha fijado inicialmente, que ha ascendido a 214.000 euros.
De este modo, la entidad bancaria que ha puesto dicha vivienda en venta dispone de 20 días para convocar una nueva subasta, en la que el precio de la misma podría igualar o superar el 60 por ciento de los 135.000 euros en los que está tasado dicho piso.
Tanto la propia afectada como fuentes de la comisión de vivienda de la asamblea 15M de la Macarena han afirmado que la empresa inmobiliaria a la que dicha familia acudió para comprar el piso le indicó un precio distinto, concretamente 116.000 euros, del que finalmente costaba la vivienda, para la que se fijó una hipoteca de 157.000 euros.
Según estas fuentes, la entidad financiera, la inmobiliaria y la notaría implicadas en la compra de esta vivienda "presionaron" a la familia para que siguieran adelante con la operación, advirtiéndoles de que, "en caso contrario tendrían que pagar un dinero a la inmobiliaria y quedarse sin nada".
En la actualidad, el banco reclama a las inquilinas de esa vivienda una suma total de 214.000 euros, en concepto, según una de ellas, de impagos e intereses, después de que la familia se acogiera a una moratoria para no abonar la hipoteca durante dos años, un pago que ésta dice no poder afrontar y que ha motivado que la entidad financiera haya puesto la vivienda en venta.
Desde la comisión de vivienda de la asamblea 15-M de la Macarena han defendido a la familia que reside en dicho piso al entender que procedía de Ecuador y "desconocía sus derechos más esenciales", a la vez que han criticado a la entidad financiera por "aprovecharse de personas humildes con pocos conocimientos de legislación y economía".
