Aunque se han conocido algunos pormenores de esta investigación, la mayor parte de ella se encuentra secreta y a disposición solo del juez, los fiscales y la policía judicial encargada del asunto, que guardan un total mutismo sobre los detalles investigados para el buen fin de la instrucción y evitar un perjuicio innecesario para las personas que solo son investigadas de momento.
El caso sobre el Instituto Nòos, que la policía ha llamado operación Babel, se inició de rebote al salir sus actividades en el sumario del caso Palma Arena que instruye desde hace años el juez José Castro en torno a numerosos casos de supuesta corrupción detectados durante el gobierno balear de Jaume Matas.
El 22 de julio de 2010, el juez abrió una nueva pieza en la causa en la que pedía información sobre los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependientes del Govern balear, y el Instituto Nòos, presidido entonces por Iñaki Urdangarín.
Mientras la investigación avanzaba, y se incrementaban los rumores sobre la relación con el caso de Iñaki Urdangarín, el pasado 2 de junio el juez Castro tomó declaración como imputado al exvicepresidente del Instituto Nòos, Diego Torres, quien defendió la legalidad de los convenios firmados por el Govern. El 8 de noviembre estalló definitivamente el escándalo. Ese día el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, dirigió el registro en las oficinas de una red de sociedades vinculadas al Instituto Nóos en Barcelona.
La Generalitat Valenciana tenía firmados dos convenios con el Instituto Nòos por un importe total de algo más de 1,7 millones de euros.
A través de los autos de registros de Barcelona, se supo que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares afirma que el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y su socio Diego Torres montaron un “entramado societario” para “apoderarse” de fondos públicos y privados que recibía el Instituto Nòos, una entidad sin ánimo de lucro que presidieron ambos.
Asesor y portavoz
Mario Pascual Vives, el abogado designado el sábado por el duque de Palma como su asesor jurídico y único portavoz, es miembro del bufete barcelonés Brugeras, García-Bragado, Molinero y Asociados, y está especializado en asuntos de derecho penal y procesal. Este letrado del Colegio de Abogados de Barcelona será el encargado de hablar en el nombre del duque de Palma.
