Cabe recordar que la LOUA contempla dos procesos administrativos independientes. El primero tiene carácter sancionador y traduce en una multa económica derivada de la construcción irregular, mientras que el segundo tiene por objetivo el derribo de dicha construcción como medio de protección de la legalidad.
En este sentido, Núñez ha explicado que “más del 50 por ciento de las viviendas en la localidad se encuentran en situación irregular, por lo que este problema no es sólo urbanístico ni jurídico, sino social” y que “son muchos los vecinos a los que se les ha incoado ambos procesos por un mismo hecho, por lo que entendemos que esta situación es injusta, y que una de las dos resoluciones debe ser suficiente para restaurar la legalidad de dicha situación”.
“Por tanto, -ha continuado Núñez- lo que le propondremos a la Junta de Andalucía es eliminar una de las dos sanciones toda vez que la otra se ejecute, de forma que los vecinos que abonen la correspondiente multa, el derribo quede sin efecto y viceversa”.
Asimismo, el edil de Urbanismo ha señalado que “la LOUA contempla multas económicas muy elevadas, que superan con creces los costes reales de una construcción irregular".
Núñez ha resaltado que “en muchas ocasiones, el castigo que recibe el infractor es triple, puesto que a la sanción económica y al derribo, se le suma el pago de la hipoteca que firmó para la construcción de la vivienda; por lo que nos vemos en la obligación de dotar de todas las soluciones y medidas posibles para paliar la situación de las familias que padecen este problema social”, alegando, además, que “esta medida es compatible con el espíritu de disuasión de construcción irregular que este equipo de gobierno ha llevado a cabo desde el primer día”.
