Esta cita se enmarca dentro de la “política de transparencia que mantiene este equipo de gobierno en todas sus actuaciones, y sobre todo en lo que se refiere a una cuestión tan importante como ésta”, según ha declarado la edil municipal. En esta línea, Hita ha recalcado que este encuentro tiene como objetivo “trasladar a los grupos de la oposición una información fideligna y completa del decreto gubernamental, así como de las consecuencias que tendrá en las cuentas municipales”.
El encargado de informar a los distintos portavoces fue el Interventor, dado que es la Intervención municipal el organismo encargado de centralizar toda la información relativa a las facturas pendientes de pago por los distintos departamentos del consistorio, tal y como se recoge en el decreto firmado el pasado día uno por el alcalde de Chiclana Ernesto Marín.
Así, en estos momentos, las diferentes áreas del consistorio, incluidos los entes dependientes, Gerencia Municipal de Urbanismo, Emsisa y Chiclana Natural, están trasladando a la Intervención Municipal una relación detallada y certificada de las obligaciones de pagos pendientes para su posterior remisión al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Como se recordará, el pasado 24 de febrero el Gobierno Central aprobó un Real Decreto, con el fin de que los municipios se pongan al día en el pago a acreedores, para lo cual los ayuntamientos deberán presentar antes del 15 de marzo una relación certificada de las facturas que tienen pendientes. Para realizar el abono de la deuda, el Gobierno ha planteado a los ayuntamientos dos opciones: la primera consiste en la elaboración de un plan de ajuste, que significa que el Ministerio corre con el pago a los proveedores y, con posterioridad, detrae una cantidad equivalente de la aportación que hace cada año al consistorio de los Presupuestos Generales del Estado. La segunda opción que ofrece el Ejecutivo es la suscripción de una operación de crédito a largo plazo.
Según el procedimiento que aprobó el Gobierno el pasado febrero, las entidades locales habrán de hacer constar en la relación de acreedores que han de enviarle la identificación del contratista, el importe, la fecha de recepción de la factura y si se ha iniciado o no un trámite judicial por parte del contratista para su cobro. También tendrán la obligación de permitirles a los proveedores consultar su inclusión y las cuantías que les afectan y si no aparecen en las listas podrán reclamar al ayuntamiento que emita un certificado individual y éste no podrá negarse.
Para estas reclamaciones se habilita un periodo de alegaciones del 15 al 31 de marzo. A partir del 1 de mayo, empezarán los pagos a los proveedores, que, en principio, deberían estar liquidados, como muy tarde, el 31 de diciembre. La nueva norma incluye que los primeros acreedores en cobrar serán aquellos que tengan las facturas más antiguas, así como los que ofrezcan algún descuento sobre la deuda total.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda calcula que la cuantía de la operación para saldar la deuda con los proveedores ascenderá a unos 40.000 millones de euros en toda España, de los cuales 20.000 corresponderían a las facturas impagadas de los ayuntamientos y otros 20.000 a las de las autonomías.
