Han sido los propios alcaldes populares, según fuentes cercanas al partido y a los propios ediles, los que han pedido al presidente regional que sea él, el propio Arenas, el que encabece ese periodo de renovación, sin fisuras, de forma tranquila pero siempre con la idea de hallar un “mirlo blanco” que represente la evolución del partido.
Los propios alcaldes populares son los primeros en aceptar las dificultades de encontrar al sustituto ideal de Arenas, quien no hay que olvidar que ha conseguido por primera vez ganar las elecciones en Andalucía, aunque no con mayoría suficiente, y ya ha manifestado que continuará al frente del partido y en el Parlamento mientras sus compañeros le apoyen.
Entre las opciones que manejan los alcaldes consultados se encuentran la ministra Fátima Báñez; la delegada del Gobierno, Carmen Crespo; la canditata del PP a la Presidencia del Parlamento andaluz, Esperanza Oña, también alcaldesa; como muchos de los que también podrían ocupar el sitio de Arenas, como el jiennense José Enrique Fernández de Moya, el motrileño Carlos Rojas o el cordobés José Antonio Nieto.
Pero Arenas prefiere situar al frente del partido a Juan Ignacio Zoido, en quien confía y al que le une una profunda amistad, más cuando el alcalde sevillano le profesa una lealtad y una gratitud que viene desde hace muchos años.
Pero ante esta “elección a dedo”, ya han surgido muchas voces discrepantes, que piden decidir al futuro líder con democracia interna y que cuestionan la idoneidad de Zoido. “La presidencia del PP andaluz exige dedicación exclusiva, completa, y él ya acumula demasiados cargos”, señalan las fuentes del partido, que apuntan que Zoido tendría que renunciar a alguna de sus responsabilidades.
Además, apuntan que el desgaste de la actividad municipal pasa factura pronto, algo que se ha visto reflejado en la incapacidad para trasladar el llamado ‘efecto Zoido’ a las elecciones autonómicas, un impedimento para afrontar unos comicios en los que el líder ya no será el mismo.
Pero además de alcalde y diputado andaluz -gracias a la suspensión cautelar de la Ley de Electoral por parte del Constitucional-, el respaldo electoral de Zoido ya fue premiado por el partido con su designación al frente de la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), órgano con un papel fundamental en la estrategia municipalista popular y clave frente a su hermana andaluza, la FAMP.
El alcalde podrá ser diputado, al menos cinco meses
sevilla | Juan Ignacio Zoido podrá asumir con tranquilidad su cargo como diputado andaluz, al menos durante cinco meses, el jueves después de que el Tribunal Constitucional admitiera ayer el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno a la modificación de la ley Electoral de Andalucía que establece la incompatibilidad entre los cargos de alcalde y diputado autonómico, y suspendiera su vigencia.
El pasado 2 de marzo, el Consejo de Ministros acordó solicitar la interposición de este recurso que, con su admisión, supone la suspensión durante cinco meses del precepto de la ley andaluza que hace incompatibles estos dos cargos. Además de Zoido, ocho alcaldes del PP y uno de IU (Juan Manuel Sánchez Gordillo, de Marinaleda) están afectados por esta norma.
Tras conocerse esta suspensión cautelar, el alcalde de Sevilla se mostró “satisfecho” con la decisión del Constitucional y confió en que, cuando termine la tramitación del recurso, podrá ejercer su “derecho” para “defender” a los sevillanos sin que “nadie amordace a los alcaldes”.
Zoido indicó que “siempre” ha apostado por la posibilidad de defender “al mismo tiempo” los intereses de los ciudadanos tanto desde el Ayuntamiento como desde el Parlamento andaluz, por lo que mira con “satisfacción” esta decisión del TC para “poder seguir defendiendo con la cabeza muy alta a los sevillanos” en ambos foros.
“Es perfectamente compatible alzar la voz desde el Consistorio para exigir a todas las administraciones que cumplan con Sevilla como desde el Parlamento, con la misma eficacia y libertad”, sentenció Zoido, que esperará la finalización de la tramitación del recurso confiando en que pueda ejercer su “derecho” para que “nadie amordace a los alcaldes, que serán los que decidan en determinadas circunstancias”.
