En los últimos días el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido un dictamen por el que se obliga a la empresa Aqualia, nueva concesionaria del servicio de agua en Moguer, a indemnizar o readmitir a los trabajadores de la anterior empresa adjudicataria, Giahsa, que no fueron transferidos a Aqualia cuando se produjo el cambio de titularidad en la gestión del ciclo integral del agua en el municipio.
Durante el proceso de privatización del servicio de agua los trabajadores de Giahsa manifestaron durante varios días en la plaza del Cabildo su protesta por no ser subrogados a la nueva empresa e incorporados el servicio, al considerar el Ayuntamiento que no se estaba obligado a ello al carecer estos trabajadores según su opinión, de una adscripción geográfica clara en el municipio como establece la Ley para este tipo de procesos.
Al estimar que se trataba de una decisión lesiva para sus intereses, los trabajadores afectados apelaron ante el TSJA que ahora ha emitido una sentencia que considera que efectivamente existía una adscripción geográfica de los trabajadores de Giahsa que prestaban servicio con anterioridad en el municipio de Moguer y en su núcleo costero de Mazagón, obligando por tanto a la nueva concesionaria Aqualia a readmitirlos en sus puestos de trabajo o a indemnizarlos por despido improcedente.
Al conocer esta resolución del TSJA, el Alcalde de Moguer Gustavo Cuéllar ha manifestado su preocupación «porque al final se está comprobando que todo el proceso de privatización del agua en Moguer que realizaron el señor Volante y su ayudante Burgos estuvo lleno de irregularidades, de errores y de engaños, que ahora salen a la luz».
El primer mandatario local recordaba «que desde que Aqualia sustituyó a Giahsa, los vecinos y vecinas de Moguer y Mazagón hemos sufrido un evidente deterioro en la calidad del servicio, errores continuos en las facturaciones con las consiguientes molestias para los usuarios, y además, se nos exige una brutal subida de tasas que no podemos aceptar».
Cuéllar era también crítico con Aqualia al recordar que la nueva concesionaria está realizando al Ayuntamiento «una presión inaceptable» al pretender que éste asuma además «el pago de varios conceptos de gastos variables del propio presupuesto de la empresa, entre ellos, la amortización financiera del canon inicial de 6 millones de euros que la misma Aqualia pagó en su día al Ayuntamiento para hacerse con la concesión del servicio, y ahora también se pretende hacer repercutir sobre los ciudadanos y ciudadanas de Moguer el importe de los despidos de estos trabajadores de Giahsa a los que el TSJA da ahora la razón».
«Cuanto más analizamos las condiciones de adjudicación del servicio a Aqualia y del contrato de concesión firmado por Volante, más se confirma nuestra opinión inicial de que todo el proceso ha sido un verdadero fraude para Moguer y los moguereños», afirmaba Cuéllar, quien recordó que «esta situación que ahora vivimos la anticipamos ya cuando estábamos en la oposición y manifestamos que abandonar Giahsa y la Mancomunidad de Aguas para ponernos en manos de una empresa privada, no traería más que problemas a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo».
