La Asamblea Constituyente egipcia ha alcanzado un acuerdo respecto a la redacción del primer artículo de la nueva Carta Magna del país, que, a partir de ahora, reconoce al país como un Estado "democrático y constitucional basado en la separación de poderes", según ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'.
"La República Árabe de Egipto es un Estado democrático, consultivo, constitucional y moderno basado en la separación de poderes y el principio de ciudadanía", recoge el artículo, que agrega que el país "es parte de la nación árabe e islámica, unida con fuertes lazos al continente africano".
El término consultivo, proveniente de la palabra árabe 'shura', abarca "la participación de todas las autoridades en las operaciones políticas y constitucionales con el objetivo de que ninguna fuerza individual pueda monopolizar el poder del Estado", según ha explicado el miembro de la asamblea Meguid Shebeita.
Los miembros de la Asamblea han acordado asimismo que el presidente sea el jefe de las Fuerzas Armadas y que tenga el derecho a nombrar a su ministro de Defensa. Sin embargo, el presupuesto de las Fuerzas Armadas será privado y únicamente podrá revisarse en el Parlamento durante sesiones a puerta cerrada.
Por otra parte, han decidido que sea el presidente el que tenga la capacidad de declarar la guerra a otro Estado, aunque tendrá que contar con la aprobación del Ejército y el Parlamento para hacerlo.
El miércoles, la Asamblea Constitucional terminó de redactar un artículo respecto a la independencia de la universidad de Al Azhar --la institución islámica suní más importante del mundo--, según el cual se convertirá en la autoridad islámica del país y supervisará de forma independiente su presupuesto. Además, será la encargada del nombramiento del gran imam del país.
La asamblea mantiene ahora conversaciones en torno al artículo 60 de la Constitución de 1971, que estipula que "mantener la unidad nacional y guardar los secretos de Estado es la obligación de todo ciudadano", debido a la amplitud del concepto definido. Hasta ahora, se ha alcanzado un acuerdo en torno a la ambigüedad de la expresión "secretos de Estado", que podría ser cambiada por "seguridad nacional".
Por último, se ha propuesto un nuevo artículo que garantizaría la libertad de información y estipularía medidas contra aquellos a los que se declare culpables de destruir información, a excepción de las relacionadas con seguridad militar o la vida privada.
