El Pleno del Ayuntaniento dio cuenta de la evolución trimestral del presupuesto general de 2012 relativo al segundo trimestre. Ciudadanos por San Fernando puso el dedo en la llaga señalando que ya existen facturas sin abonar tanto del primer trimestre como del segundo, y lo que es más grave, gastos sin consignación presupuestaria. Si a eso se une el hecho de que el Plan de Ajuste adolece de toda la documentación pertinente, los ciudadanos están cumpliendo con las medidas que les están exigiendo mientras que el Ayuntamiento no lo hace.
Por parte del PSOE, Fernando León se quejó de que la dación de cuentas se haga de forma general y no pormenorizada como en otras ocasiones, permitiendo más debate. Y a partir de ahí comenzó el bombardeo contra la medidas tomadas por el PP que decía que no iba a hacer, como subir tasas e impuestos un 20 por ciento. También criticó la disminución de las inversiones en la ciudad que está llevando al deterioro de los espacios públicos y al cierre de comercios, y que se haya tenido que acoger al plan de pago a proveedores por 21 millones de euros de los que hay que pagar los intereses. “Y el Partido Popular y el alcalde se sienten orgullosos de eso”.
Para León, el pago a los proveedores es pagar lo que no se pagó por la mala gestión del gobierno actual y el anterior y que hipoteca las arcas municipales durante diez años y limita su capacidad de inversiones, grava a los ciudadanos, disminuyen los servicios como los transportes urbanos… pero no toman que otras medidas que no suponen gasto y sí un ahorro para los ciudadanos, como es la reducción de los vehículos oficiales.
A partir de ahí comenzó a criticar que el Ayuntamiento pague 49.000 euros al año por las dependencias en las que se aloja el Gobierno andalucista en Isaac Peral –que el delegado de Hacienda, Manuel Raposo, corrigió diciendo que el local es municipal, por lo que no se está alquilando- o que el gobierno municipal tenga el número de cargos de confianza que tiene.
León reconoció que se aprecia un control del gasto, pero que se aprecian desviaciones en algunas partidas presupuestarias a las que habrá que dotar porque están casi agotadas cuando queda medio año de ejercicio, mostrando también sus dudas sobre que se puedan conseguir los ingresos previstos.
En materia de pagos, el concejal socialista mostró sus dudas el cumplimiento de las obligaciones, por ejemplo al servicio de limpieza que se le reconoce una deuda de 3,2 millones de euros y sólo se le ha pagado 920.000; a la limpieza de colegios se le reconocen 500.000 euros y sólo se le han pagado 98.000 y la limpieza de edificios municipales se le reconocen 151.000 euros y sólo se le ha pagado 29.000 euros. “Y esto es sólo un muestreo”.
León también criticó que los diez plenos que se han celebrado en este mandato corporativo han sido sobre asuntos económicos, “no hay más gestión que esta, para subir impuesto, para el plan de ajuste, para pagar intereses, para modificar crédito… No hay proyectos de mejora de la ciudad, sólo pagos, deudas, intereses y en muchos de los casos los gestionan de una forma irregular”.
El delegado de Hacienda, Manuel Raposo, además de aclarar la titularidad de la antigua oficina de Recaudación, informó al concejal socialistas que los vehículos adscritos a Presidencia han disminuido en número. Raposo dijo que lo que le duele a los socialistas es “que lo estemos haciendo bien. Desde el principio de este mandato nuestra intención es de pura austeridad y las arcas municipales están mejor que nunca”.
El punto en concreto
En cuanto a la ejecución del presupuesto, que era de lo que se trataba el punto del orden del día, Raposo señaló que estaba en un 50 por ciento “por lo que estamos haciendo correctamente nuestro trabajo”. Y a partir de ahí comenzó la artillería hacia el otro bando, dando a conocer “cómo actúa el Partido Andalucista desde la Junta y cómo actúa la Junta de Andalucía con los ciudadanos más débiles”.
Apuntó directamente a la Consejería de Bienestar Social, que debe al Ayuntamiento 487.022 euros del ejercicio 2011; también se le debe al municipio 131.234 euros del programa de prevención comunitaria Ciudades ante las drogas; un total de 21.184 euros de ayudas económicas familiares; 10.014 euros del programa de nivelación de servicios municipales vinculados a la acogida de inmigrantes y 697.670 euros del servicio de Ayuda a Domicilio del sistema para la autonomía y atención a la Dependencia.
En total. 1.368.155 euros que el Ayuntamiento de San Fernando ha tenido que adelantar de sus propios recursos porque a pesar del impago, el Consistorio ha prestado esos servicios que no son de su competencia. Más lo que vaya corriendo del actual ejercicio.
“Háblenme ustedes de morosidad, háblenme ustedes de moralidad y lo que les rogaría es que les importase un poquito más la ciudad”.
En la parte positiva, Raposo informó que se han devuelto 614.630 euros de la Participación de los Tributos del Estado (PIE) que el Ayuntamiento se vio obligado a devolver al haberlo cobrado de más por un mal ajuste de las cuentas desde el Gobierno central. Los intereses por gastos de demora han bajado porque se han pagado facturas con el dinero del pago a proveedores y actualmente hay 372,34 euros de deuda por ese concepto.
El pago de la deuda del déficit del transporte público se lleva abonado 830.000 euros; se han pagado 5.584.000 euros de préstamos bancarios anteriores al actual mandato; el pago de la deuda antes del plan de ajuste ha sido de 1,7 millones de euros y el IMPI sólo tiene una deuda de 12.000 euros porque está soportando una deuda de 720.000 euros por parte de la Junta de Andalucía correspondientes a empleo y formación.
Finalmente se dirigió al portavoz del PSOE, Fernando López Gil, para decirle que si se llevara a cabo en estos momentos el programa electoral del Partido Socialista, la ciudad de San Fernando estaría intervenida.
Transferencia a Cultura
Dado por enterado el Pleno, se aprobó una transferencia de crédito a la Fundación Municipal de Cultura. El concejal socialista, Fernando León, aprovechó el turno de palabra del nuevo punto para responder al anterior y decirle al delegado de Hacienda que el Gobierno debe 22 millones de euros –en referencia a los créditos para pago a proveedores- y eso es “una vergüenza, porque son deudas porque ustedes no han pagado a los proveedores con el dinero que los ciudadanos han pagado religiosamente en impuestos y tasas, por vía ejecutiva o voluntaria. Ustedes han malgastado el dinero de los ciudadanos y han tenido que llegar a los pagos a proveedores. Y tienen la desvergüenza política de intentar darle la vuelta al asunto diciendo que con ese plan de pagos se han saneado las empresas que ustedes han llevado a una situación caótica”.
León recordó a Raposo que la modificación de crédito a favor de la Fundación de Cultura, de más de 106.000 euros, es para pagar deudas “sin consignación presupuestaria”, al igual que los más de nueve millones de euros que se han utilizado con el plan de pagos a proveedores sin tener informes de la Intervención general. León volvió a la carga con el número de empresas que habrían tenido que cerrar por los impagos del Ayuntamiento y pidió a Raposo que cuantificara el impacto del robo de la Caja “que siempre se pretende silenciar” en las cuentas municipales.
El delegado de Hacienda, ante esta insistencia, contestó con una simple operación aritmética. El robo de la Caja ha supuesto que el Ayuntamiento haya tenido que pedir 7,8 millones de euros más para pagar a los proveedores y que no hubiera tenido que pagar si no se hubiera producido. El punto quedó aprobado con los votos a favor del Gobierno municipal y en contra de la oposición presente en el Pleno.
La modificación de la estructura del Patronato Municipal de Deporte y Juventud tenía dos vertientes. Una la de cumplimiento del programa electoral del Partido Popular desligar Juventud de Deportes y otra acogerse a las nuevas normativas que obligan a prescindir de los patronatos y convertirlo en agencias de servicios. La oposición socialista volvió a sacar el baile de cifras entre el gerente del Patronato –que desaparece con la nueva normativa- y la delegada de Deportes, afirmando que se intentaba quitar de en medio cuando había un año de plazo todavía, tanto para adaptarse a la norma como para aclarar las divergencias.
En este caso fue la delegada de Deportes, María Jesús Ortega, la que aclaró que el cambio había comenzado en el mes de septiembre pasado, que los primeros pasos formales se dieron en febrero y que simplemente ha coincidido una información sobre el cumplimiento de una empresa de servicios que finalmente se ha aclarado. Esto es, que mientras la delegada apreciaba el total de las mejoras incumplidas por esa empresa, el gerente sólo daba cuenta de las consumadas.
También se aprobó el inicio de la disolución de la Fundación municipal de Cultura, sobre la cual el delegado del área explicó al portavoz de Ciudadanos, Javier Cano, que se trataba de el inicio del expediente y que la disolución tendría lugar a finales de años. Y es que Cano había pedido explicaciones sobre la modificación de crédito anterior para un organismo que iba a desaparecer.
