Desde este lunes, los inmigrantes en situación irregular que acudan a su médico de cabecera pueden encontrarse con que su tarjeta sanitaria ha sido “desactivada”. La aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 aprobado por Gobierno de Mariano Rajoy en el marco de la reforma sanitaria sólo contempla el acceso de este colectivo a urgencias, durante el embarazo, parto y posparto y a los menores de edad, y ahora llega el momento de comprobar in situ cómo van a lidiar los médicos con esta nueva situación.
Y es que, pese a que desde la Delegación provincial de Salud aseguran que la novedad en el caso de esta comunidad autónoma “es que todo sigue igual” y que, en lo que respecta a Andalucía, “no va a haber novedad y la asistencia sanitaria estará garantizada”, en el Centro de Acogida de Inmigrantes de Jerez (Ceain) no lo ven tan claro.
Prefieren ser prudentes, pero estiman que más de medio millar de inmigrantes puede verse afectado por este nuevo marco legal en Jerez y piden a la Junta que concrete cómo va a llevar a cabo la voluntad que ha manifestado la propia consejera de no dejar fuera de sistema a ningún inmigrante. De la cifra mencionada, como precisa el director de Ceain, Francisco Morales, hay que descontar un buen número de inmigrantes que han pasado a tener una situación de “irregularidad sobrevenida”.
Como explica, de este número sólo hay un sector “sin papeles” como se conoce en la calle, pero no todo, dado que el resto ha llegado a tener permiso de trabajo y de residencia cuando han estado trabajando pero no lo han podido renovar debido a su condición de desempleado. “Ellos están arraigados a Jerez y han contribuido a los impuestos como el resto, y ahora se ven en esta situación”, advierte.
Desde el SAS, por contra, aseguran que una vez que la tarjeta sanitaria quede inactiva, estas personas recibirán un documento de “asistencia temporal” con el que podrán continuar con sus tratamientos.
A la espera de lo que ocurra estos días, Morales augura complicaciones y prevé que hasta su centro se presenten muchas de estas personas una vez que comprueben en sus propias carnes cómo les afectará la nueva normativa. “Por muy buena voluntad que tenga un médico el sistema informático va a dejar fuera a estas personas, ¿cómo va a recetar? ¿cómo va a derivar a estas personas o les va a atender?”. Estos son los interrogantes que se hacen desde Ceain, desde donde aseguran que desde el Gobierno de Zapatero venían constantando ciertos problemas a la hora de renovar la tarjeta sanitaria.
“Hemos tenido que intervenir varias veces y hacer incluso informes porque o no se la renovaban directamente o lo hacían por un tiempo inferior al habitual. Aunque el decreto lo han aprobado ahora, lo han ido aplicando gradualmente”, sentencia.
Las alternativas ofrecidas: pagar seguros de 60 a 155 euros al mes
Según ha informado Ceain, el Real Decreto Ley 16/2012 sólo contempla el acceso de los inmigrantes en situación irregular a los servicios sanitarios en tres casos: urgencias, durante el embarazo, parto y posparto y a los menores de edad.
Como alternativa a aquellas personas extranjeras que se queden sin asistencia sanitaria pública se establece una posibilidad “irreal” de acogerse a un convenio especial que implica el pago de un seguro de 59,20 € mensuales para personas menores de 65 años (710,40 euros al año), y de 155,40 mensuales para los mayores de esta edad (1.864,80 € anuales).Desde Ceain tienen claro que el Gobierno “sabe que estas cantidades no son accesibles a la mayoría de los inmigrantes, por lo que en la práctica los está excluyendo de la atención sanitaria con grave riesgo para su salud y la de los demás”, critican.
De esta manera, sostiene, los 1.500 millones de euros al año que dice el Gobierno va a ahorrarse,”no son reales” ya que no contempla el impacto social de la medida y por consiguiente sus costos. Para empezar, desde Ceain advierten de antemano que disminuirá el control que se va a tener sobre las enfermedades infectocontagiosas al dejarse de detectar en consultas ambulatorias y previsiblemente aumentará las demandas de los servicios de urgencias, por parte de enfermos crónicos a los que no les quedará otra vía para ser atendidos. Ante la situación creada, desde Ceain se unen unimos a las numerosas asociaciones y sectores sociales y médicos (hay ya objetores de conciencia) para pedir al Gobierno central que “rectifique”.
