El alcalde, Enrique Moresco, y el concejal de Comercio y Nuevas Tecnologías, Raúl Capdevila, denuncian públicamente el agravio que para el Ayuntamiento supone la decisión de la Junta de Andalucía de ejecutar de forma inmediata el despido de 2.800 personas que componen los colectivos de los promotores de empleo, agentes locales de promoción de empleo y orientadores laborales.
Moresco y Capdevila coinciden en señalar que dicho plan de despido de empleados vinculados a programas de políticas activas de empleo afecta a cuatro agentes locales de promoción de empleo del Ayuntamiento, dos de ellos adscritos a Fomento y otros dos a Comercio, con el agravante de que en la Concejalía de Comercio estos trabajadores son los únicos técnicos dentro del departamento de promoción comercial.
Además, ambos ediles critican la desinformación que ha existido en todo el proceso en el que la Junta de Andalucía no ha ofrecido a los afectados ninguna explicación. Es más, señalan Moresco y Capdevila, se han limitado a enviar a los afectados cartas de despido sin ni tan siquiera respetar los plazos de preaviso regulados en el estatuto de trabajadores.
El alcalde reseña que el Gobierno andaluz se está amparando en los ajustes del Gobierno de la nación para intentar, vanamente, justificar estas rescisiones de contratos, cuanto la realidad es que la competencia de gestión en materia de políticas activas de empleo la tiene la Junta de Andalucía, y las comunidades autónomas pueden desarrollar políticas activas y financiarlas, en su caso, con las correspondientes partidas que los presupuestos de la comunidad autónoma establezcan. De hecho, hay autonomías que han decidido mantener estos programas, aportando recursos propios y garantizando el empleo de los promotores de empleo y de los Alpes.
El alcalde destaca que la aportación de recursos propios a través de los presupuestos de la Junta se justifica aún más si cabe después de conocer los inaceptables datos de ejecución del presupuesto del SAE del ejercicio 2011, donde se dejó sin ejecutar el 57% del mismo, no gastándose siquiera el Gobierno socialista ni los casi 700 millones de euros transferidos por el Gobierno.
A esa escandalosa ineficacia de la anterior Consejería de Empleo para ejecutar los presupuestos que tenía asignados, junto con la reciente eliminación de dicha consejería, negando el carácter estratégico y prioritario de las políticas de empleo, se suma ahora este plan de despidos y evidencia la actitud de PSOE e IU de enterrar las políticas activas de empleo.
Desde el Ayuntamiento se pedirá que se inste a la Junta a continuar impulsando los programas de políticas activas de empleo, garantizando una dotación económica adecuada y la ejecución presupuestaria de los mismos, en beneficio de los desempleados andaluces y, por supuesto, portuenses.
Por último, el alcalde especifica que "no podemos permitir que la Junta de Andalucía encabece de forma unilateral, sin contar con los ayuntamientos, un proceso de despido colectivo que afecta a 83 técnicos Alpes en la provincia de Cádiz y a 800 en Andalucía".
El primer edil explica que hará todo lo que esté "a nuestro alcance para evitar el despido de los cuatro técnicos, previsto para el próximo 1 de octubre, y que la Concejalía de Comercio se quede sin personal técnico; sobre todo teniendo en cuenta que su despido llega en un situación en la que lo que más se necesitan son técnicos que fomenten el crecimiento y el desarrollo socioeconómico de nuestros municipios".
Cabe señalar que los técnicos de El Puerto fueron contratados desde diciembre de 2004 a través del Consorcio Utedlt, tras proceso de selección en convocatoria pública, según lo dispuesto en la orden de 21 de enero de 2004. Además tienen la condición de empleados públicos con contratos indefinidos. A diferencia de otros colectivos de trabajadores que la Junta de Andalucía va a seguir manteniendo con contratos de obra o servicio determinado y contratados por fundaciones o empresas que se rigen por el derecho privado; sin tener, por lo tanto la condición de empleados públicos.
