El número de trabajadores gaditanos que en los seis primeros meses del año se vieron afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), creció un 40 por ciento, según los datos aportados por el propio Ministerio de Empleo.
A pesar de que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) aplaudió la reforma aprobada por decreto el pasado 10 de febrero, y aseguró que con ella se crearían puestos de trabajo, parece que, a tenor de los datos, y tal y como temían los sindicatos y trabajadores, ha servido para todo lo contrario: destruye empleo público temporal y dispara los ERE.
Si entre enero y mayo de 2011 fueron 869 los trabajadores afectados en la provincia por Expedientes de Regulación, en el mismo período de este año la cifra se ha disparado hasta los 1.482. El comportamiento general de años anteriores evidencia que el segundo semestre del año suele ser bastante más duro que la primera parte del año, así que de confirmarse esta tendencia, la provincia volvería a situarse en las cifras conseguidas en 2009 cuando se registraron 7.201 trabajadores afectados. Eso sí, en este caso la situación sería aún más preocupante, ya que el tejido empresarial de Cádiz cada vez es menor.
Que la reforma ha tenido mucho que ver en estos datos es obvio. Las estadísticas hablan por sí mismas, y muestran un salto importante de febrero a marzo, pasando de los 65 y 61 trabajadores afectados en enero y febrero, a los 293 registrados en marzo.
La norma permite los despidos sin pactos previos
Antes del decreto de febrero que cambió de arriba a abajo el Estatuto de los Trabajadores, una empresa no podía llevar a cabo un ERE, fuera del tipo que fuera, sin el permiso de la autoridad laboral. A su vez, está última no podía negar la autorización si el expediente llegaba a sus manos con un pacto entre el empresario y los representantes de los trabajadores. Este escenario obligaba a las dos partes, sobre todo a la patronal, a negociar y llegar a un acuerdo para asegurarse de que el ERE salía adelante.
La reforma laboral suprimió ese permiso. Lo sustituyó por una simple comunicación a la autoridad laboral (Ministerio de Empleo o comunidad autónoma) y la obligación de que hubiera un periodo de negociación, sin que éste tenga que acabar en un pacto.
