Esta semana no habrá pleno, según nos indican desde el Concistorio. No obstante, el PSOE ha anunciado que llevará a la próxima sesión una moción para que el alcalde “revoque la decisión que ha tomado de incorporar a una persona con discapacidad en el ERE incumpliendo un acuerdo de pleno del año 1994 que se adoptó por unanimidad”.
La edil socialista, Cristina Rodríguez, se refiere a la incorporación en el Expediente de Regulación de Empleo de un trabajador municipal de la brigada de Fiestas que, según se recoge en el acta del pleno celebrada el 24 de marzo de 1994 y en el acuerdo de la Comisión de Gobierno de 12 de noviembre de 1993, con tan sólo ocho años “jugando en la vía pública en la plaza Fuerzas Armadas, en las inmediaciones de su vivienda, en la tarde del 10 de septiembre de 1990, se clavó en el ojo derecho un alambre que estaba desprendido del jardín público existente en el lugar, a consecuencia de lo cual el niño ha perdido la visión del ojo”. En el acuerdo de pleno de ese año se refleja que la madre del menor “considera que el ayuntamiento es responsable del daño sufrido por su hijo, dado que este daño es consecuencia del funcionamiento anormal de un servicio municipal, cual es el servicio de jardines, al encontrarse roto el alambre de cerramiento del jardín e invadir la vía pública”. Se asegura además, que “esta situación constituye un riesgo para los niños que juegan en el lugar, y el ayuntamiento, como causante de ese riesgo, debe asumir y responder de los daños que se deriven del mismo. Manifiesta, asimismo, que no ha reclamado al ayuntamiento ni por la pérdida del ojo, en la esperanza de que se curase bien y sin consecuencias para su hijo; pero, teniendo en cuenta que dichos gastos continúan produciéndose y que la pérdida de visión es irrecuperable, ha resuelto solicitar del ayuntamiento que, en compensación de los daños causados proporcione a su hijo un empleo, cuando cumpla la mayoría de edad, que sea compatible y adecuado a su minusvalía, y le conceda beca para los estudios que pueda cursar, puesto que en esta situación le va a ser muy difícil el día de mañana conseguir un trabajo que no constituya un peligro para la integridad del otro ojo”.
Ante esta situación el ayuntamiento, en 1994, acordó por unanimidad reiterar a la familia “su pesar por el desgraciado accidente y ayudarle en la medida de lo posible para que, una vez que el hijo Jorge cumpla los dieciocho años, se le emplee en este ayuntamiento dentro de las posibilidades legales y de acuerdo con las aptitudes que tenga”.
Cristina Rodríguez, ha recordado que hace más de un mes y medio "que realizamos una comparecencia en la secretaría municipal y el señor alcalde ni tan siquiera se ha dignado a respondernos sobre este particular. Lo mismo, por desgracia, está haciendo con esta familia que ni tan siquiera tiene la oportunidad de trasladarle al primer edil los motivos por los que exige una explicación”. “Ante esta actitud, repetitiva y habitual en el señor García Urbano, elevaremos una moción al pleno de la corporación en el capítulo de asuntos urgentes. La nula sensibilidad del señor García Urbano con el colectivo de personas con discapacidad ha quedado más que evidente en este triste año y medio”, asegura Rodríguez.
Otros discapacitados despedidos
Por último, la edil recuerda que García Urbano incluyó en su "particular despido colectivo" a una discapacitada severa, con un 69% de grado de minusvalía, trabajadora social, casada y con hijos a su cargo.
También se incluyó en el ERE a una conserje de colegios, de 52 años, con la calificación de incapacidad permanente total, divorciada, con hijos a su cargo, y con hipoteca y a una auxiliar bibliotecaria, con grado de discapacidad del 35 por ciento.
Otras tres discapacitadas, con grados del 55%, 39% y 39%, respectivamente, han sido también despedidas. Y la lista de personas con discapacidad “eliminadas" la cierra una empleada con un grado de discapacidad severa del 77%, que se desplaza en sillas de ruedas, y que venía desempeñando sus funciones como telefonista.
