La Fiscalía de Sevilla considera que el presunto intento de cohecho en Mercasevilla "es un claro intento de corrupción" cometido por "cuatro funcionarios públicos que, a costa de sus cargos, quisieron hacerse ricos, al menos ellos, aunque no sabemos cómo se lo iban a repartir", solicitando supuestamente una comisión ilícita que el fiscal ha cifrado en 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería del merca, que había sido subvencionada con 900.000 euros por la Junta de Andalucía.
En la décima sesión del juicio con jurado popular que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Sevilla, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha mantenido su petición de condena para los cuatro acusados, como son el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet; su antiguo director adjunto, Daniel Ponce; el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos, para cada uno de los cuales pide una multa de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses.
En su informe final, que se ha prolongado por espacio de 45 minutos, el representante del Ministerio Público ha considerado que "pedir dinero de esa manera" constituye un presunto delito de cohecho, pues los cuatro acusados "iban a trincar" y los propios empresarios afectados "dijeron que les iban a robar", por lo que se trata de una conducta "que no podemos permitir" y que "tiene que ser erradicada" por la sociedad.
El fiscal ha comenzado su informe aludiendo a lo manifestado por algunos abogados de la defensa y señalando que "ninguna influencia de valoración política va a contener el informe", aseverando que se están enjuiciando unos hechos que se concretan en la "petición de una comisión ilícita por cuatro personas; dinero a cambio de la explotación de la escuela de hostelería". "Este es el hecho nuclear" del caso, ha manifestado el fiscal Juan Enrique Egocheaga.
"UNA MORDIDA, UN DINERITO EXTRA"
Tras subrayar que los acusados solicitaron "una mordida, un dinerito extra, y ello constituye un delito que debe ser castigado por reprobable" a fin de que "no se vuelva a repetir", el fiscal ha insistido en que "hubo un concierto" entre los cuatro imputados para obtener la subvención y, a través de ella, "obtener un enriquecimiento ilícito a costa de los empresarios".
El fiscal ha cifrado la comisión ilícita en 450.000 euros, pues entiende que la petición de 150.000 euros a cambio de la acometida eléctrica "es un disfraz" creado por los procesados "para poder aumentar la petición de dinero". "Ese dinero se pide en conjunto con la comisión ilícita, es parte del dinero que se quería sacar a los empresarios con malas artes", ha agregado.
Tras precisar que los cuatro imputados "tienen una participación" en los hechos, aunque "distinta" según cada caso, ha señalado, en primer lugar, que el exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas "está muy cerca de la subvención", añadiendo que "hubo un largo proceso de intervención" del imputado en la tramitación de la misma.
"CADA UNO ES DUEÑO DE SU SILENCIO PERO ESCLAVO DE SUS PALABRAS"
Respecto a Mellet, que se negó a declarar en el juicio, y a Daniel Ponce, que únicamente respondió a las preguntas de su abogado, Simón Fernández Rebollo, el representante del Ministerio Público ha aseverado que "cada uno es dueño de su silencio pero esclavo de sus palabras".
Así, ha recordado que, en sede policial, tanto Mellet como Ponce coincidieron en señalar a Rivas como el artífice de la petición de la comisión, y ha destacado que ninguno de ellos "se sorprendió del encargo de Rivas" y, de hecho, "asumieron con entusiasmo" este encargo. "Eso está ahí y no se puede borrar", ha asegurado el fiscal, indicando que, aunque no declarar "no supone una autoinculpación", se trata de una "conducta reactiva", por lo que "hay que valorar ese silencio".
En relación a Regla Pereira, ha llamado la atención sobre el hecho de que, a preguntas del magistrado presidente, no quisiera identificar las voces de Mellet y Ponce en la grabación del presunto intento de cohecho, y ha señalado que estuvo presente en la primera reunión, "de la que hace un relato que no parece muy acorde con la realidad cotidiana".
"NO HAY ACUERDO PREVIO"
En el transcurso de la reunión, uno de los empresarios "la miró, porque era su interlocutora en el tema de la subvención, pero no encontró desmentido de lo que decía Ponce". Este empresario, según el fiscal, "se encontró de sopetón con la petición de una comisión ilícita", ya que "no se trata de un acuerdo previo", ha dicho el fiscal en referencia a los argumentos vertidos por algunas defensas.
En la segunda reunión, que fue la grabada, los empresarios "confirmaron sus temores", ha afirmado el fiscal, quien ha aseverado que, frente a esta petición, hubo "una resistencia absoluta" por parte de los empresarios de La Raza, pues éstos pensaron que "los estaban esquilmando y robando". A continuación, "hay una insistencia por parte de los imputados en conseguir algo" de los empresarios, y a partir de ahí empiezan "las rebajas, los disfraces y los caramelitos".
El fiscal ha defendido que el presunto delito de cohecho se comete a partir de que, en 2008, se otorga la subvención, y no antes, pues en caso contrario habría investigado la concesión de esa subvención, que a su juicio "parece maldita", pues incluso el que fuera director general de Formación para el Empleo, Juan Manuel Fuentes Doblado, que participó en toda la tramitación de la misma, "se aleja de la subvención, por lo que fue una subvención sin director general, lo que prueba el extraño camino" de la misma, ha ironizado.
JUAN LANZAS, "ASESOR"
Durante su informe final, en el que ha defendido la validez de la grabación, el fiscal se ha referido también al 'conseguidor' y exsindicalista Juan Lanzas, poniendo de manifiesto que "es como en una boda, pues no lo conocen ni los invitados del novio ni los de la novia, pero está en la boda".
Tras la intervención del fiscal, ha tomado la palabra el abogado de la fundación, Juan Piñeyro, quien ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y ha aseverado que "asusta la naturalidad con la que se pide la comisión", añadiendo que este caso ha "dañado" tanto a la fundación como "a toda Sevilla y Andalucía". Ha concluido diciendo que "es un escándalo de corrupción" y que "el que la hace, la tiene que pagar".
De su lado, el abogado que ejerce la acusación en nombre del PP, Luis García Navarro, ha mantenido su petición para cada acusado de tres años de inhabilitación y multa de 1.350.000 euros, aunque su informe final no lo expondrá hasta este miércoles.
LOS PERITOS
Asimismo, los abogados de los cuatro imputados han solicitado su libre absolución, señalando el abogado del exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas, Francisco Baena Bocanegra, que "no hay prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia" de su cliente.
Con anterioridad, los peritos de la Guardia Civil que analizaron la grabación del presunto intento de cohecho han ratificado que la cinta superaba los estándares de calidad establecidos y no estaba manipulada ni había sufrido "cortes" o "inserciones", mientras que la perito de la Policía Nacional, que analizó la grabación con anterioridad, también ha confirmado su informe, en el que señala que la calidad de la grabación es "deficiente" y que, por ello, no pudo realizar el informe pericial, ya que la grabación "está distorsionada y tiene solapamientos".
