La acuicultura marina ha sido siempre la asignatura pendiente en el desarrollo de la Bahía, truncado por una Ley de Costas excesivamente cicatera en muchos aspectos cuando no propicia a los agravios comparativos con otras regiones españolas en las mismas condiciones marítimo terrestres que Cádiz.
No quiere decir que haya sido mala, porque incluso en muchos aspectos se ha demostrado deficitaria en la protección del litoral, pero sí mal reglamentada en cuestiones que en caso contrario hubieran evitado el abandono y el deterioro del medio, como ha sido la principal consecuencia.
Los cambios legislativos que se avecinan pueden solucionar el problema creado en la zona de la Bahía en general y de San Fernando en particular, sin entrar en otras consideraciones que afectan a otros territorios y que son razonablemente matizables y propensas a la libre interpretación de ciudadanos de todo tipo y condición.
No obstante, esa puerta que se abre a la explotación acuícola y salinera con las nuevas condiciones de concesión, o con la reversión a los expropiados en su día bajo criterios hartamente discutibles, no es la panacea para una de las comarcas más deprimidas de España si con esa oportunidad no se produce también un cambio de mentalidad.
Tanto la industria acuícola como salinera, así como cualesquiera otras actividades turísticas, culturales y lúdicas que se pusieran en marcha, deben contar con que el valor añadido se debe quedar también en la comarca. De todos es sabido que la acuicultura y las salinas no crean cientos de puestos de trabajo. Pero eso puede cambiar si en vez de venderle las doradas a los que las van a enlatar y revender, se crean fábricas para venderlas ya enlatadas.
