El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha intensificado en las últimas semanas sus tareas de vigilancia y control del marisqueo ilegal y de otras actividades ilícitas en la zona de costa del Parque Nacional de Doñana, donde han aumentado.
El incremento del paro en municipios de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz que albergan las casi 160.000 hectáreas del Espacio Natural de Doñana -que suma los parques nacional y natural- ha podido propiciar este aumento de actividades económicas ilegales, ha señalado a la Agencia EFE el jefe del Seprona de Huelva, el teniente José Antonio Alfaro.
Esta semana, agentes del Seprona y del Deprona -la unidad específica para Doñana de este servicio de la Guardia Civil- han realizado un operativo en la zona de la Punta del Malandar, en el extremo sureste del Parque Nacional de Doñana y la desembocadura del Guadalquivir, en la que han detenido a cinco mariscadores ilegales que faenaban aprovechando la bajamar.
A los detenidos se les han incautado sus artes de marisqueo y se les han incoado las correspondientes denuncias como presuntos autores de una infracción administrativa por trabajar sin licencia, con el agravante de entrada ilegal en el parque nacional.
Se les llega a acusar de delito contra la salud pública cuando faenen en caladeros cerrados por la aparición de toxinas, una peligrosa actividad sobre la que el Seprona ha conseguido ya varias sentencias condenatorias.
El operativo realizado esta semana por el Seprona, en el que ha colaborado una embarcación de la Junta de Andalucía, responde a las crecientes denuncias ante la Guardia Civil de la asociación de mariscadores de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) contra el incremento del marisqueo ilegal que no sólo les supone una competencia desleal sino que, además, hunde los precios del marisco y esquilma estos caladeros.
El teniente Alfaro ha advertido de que, junto a estos perjuicios económicos, el marisqueo ilegal conlleva también un grave riesgo sanitario pues se sigue realizando cuando se decretan vedas en los caladeros contaminados con toxinas, altamente peligrosas para la salud.
El jefe del Seprona en Huelva ha reiterado el llamamiento de las autoridades a que no se consuman bivalvos de tamaño inferior al permitido, por ser inmaduros, y ha destacado el caso de las coquinas, que muchos veraneantes esquilman al cogerlas en las playas onubenses cuando son inmaduras.
Ha enfatizado que el consumidor debe de recordar que toda coquina que no mida 2,5 centímetros -el tamaño de una moneda de dos euros- es inmadura y proviene por tanto del marisqueo ilegal, con el consiguiente riesgo sanitario.
Los agentes del Seprona y del Deprona también han intensificado en las playas de Doñana la identificación de los mariscadores de los pueblos del entorno que faenan con la preceptiva autorización, así como el control de que las artes que emplean son las adecuadas para no capturar bivalvos inmaduros.
El sargento Carlos Jaén, jefe del Departamento de Protección de la Naturaleza (Deprona) de la Guardia Civil en Doñana, ha destacado a EFE la dificultad del control del marisqueo ilegal en este espacio protegido, no sólo por la gran extensión que vigilan en el litoral atlántico y en la desembocadura del Guadalquivir, sino porque estos furtivos se avisan de forma casi inmediata de la presencia de cualquier agente del instituto armado.
Estos mariscadores furtivos -de quince a veinte al día- suelen cruzar el estuario del Guadalquivir desde Sanlúcar de Barrameda en pequeños botes en los que huyen en cuanto aparecen los agentes de la Guardia Civil y, con más facilidad, cuando vislumbran una embarcación del instituto armado o de la Junta de Andalucía.
De estos botes sólo pueden incautarse la Guardia Civil si carecen de matrícula, por lo que los furtivos suelen usar embarcaciones legales para que, en caso de ser sorprendidos, pierdan sólo los aparejos y el marisco capturado.
