El Gobierno ha detallado en una respuesta parlamentaria que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, "no ha recibido retribución alguna" por su condición de registrador de la propiedad, ya que no trabaja directamente desde hace décadas, cuando empezó a dedicarse a la política y a ocupar sucesivos cargos públicos.
Según la respuesta escrita que el Gobierno remitió el pasado jueves a Cayo Lara, después de que el coordinador federal de IU y presidente portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA registrara en septiembre una pregunta parlamentaria sobre esta cuestión, "el titular del registro de la Propiedad de Santa Pola (Alicante), Rajoy, se encuentra en situación de servicios especiales con reserva de plaza, según la legislación hipotecaria".
Así, el Ejecutivo explica que el motivo de dicha situación administrativa de servicios especiales es su designación como miembro del Gobierno o su acceso a la condición de miembro de las Cámaras, cargos que, de acuerdo con la legislación vigente, implican el pase a dicha situación administrativa.
"En dicha situación se perciben las retribuciones del cargo que se desempeña y por tanto Rajoy no ha recibido retribución alguna por su condición de registrador en el tiempo señalado", ha afirmado.
Lara había expuesto en su pregunta que el presidente del Gobierno, entre la opción de solicitar la excedencia de su registro o la de mantenerse como titular del Registro de Santa Pola, había optado por la segunda, manteniéndose "siempre" como registrador de la propiedad titular de Santa Pola gestionándose desde ese momento por un registrador sustituto.
"¿En caso de que Mariano Rajoy fuera el titular del Registro de Santa Pola, cuáles son los motivos por los que no ha solicitado la excedencia pese a no ejercer como tal en los últimos 20 años?", preguntaba el líder de IU.
Sobre esta cuestión, la contestación remitida desde el Ejecutivo del PP "no incluye especificación alguna". "La dedicación exclusiva de los cargos públicos y el régimen de percepción de su salario se encuentran debidamente reconocidos y regulados en las distintas normas sectoriales aplicables, entre ellas, las relativas a incompatibilidades, a función pública, a régimen electoral o la hipotecaria", responde el PP.
