Nueve de las asociaciones que representan en Jerez al colectivo de personas discapacitadas en la ciudad, se unieron ayer, con motivo del Día de la Discapacidad, para proclamar que no había nada que celebrar, aunque sí mucho que reivindicar. De hecho, su única comparecencia, en la que contaron con el respaldo del Defensor del Ciudadano, Francisco Reinoso, sirvió para poner de manifiesto la crítica situación por la que atraviesan a causa de los recortes y las deudas que las administraciones públicas arrastran con cada una de ellas.
Los colectivos que comparecieron ayer bajo el lema de “#SOS Discapacidad. No hay nada que celebrar”, fueron Adifi (Asociación de personas con discapacidad física), Afanas Jerez (Asociación de ayuda a personas con discapacidad intelectual), Afemen (Asociación de familiares y personas con enfermedad mental), Agdem (Asociación gaditana de esclerosis múltiple), Afa Alzheimer-La Merced, Asmelt (Asociación de solidaridad con los discapacitados psíquicos), Aspanido, Asociación de padres de niños con síndrome de Down, Fundación Aspace Sur, y Upace Jerez, éstas dos últimas dedicadasa a la atención integral de personas con parálisis cerebral y trastornos afines.
Entre todas ellas representan a unas 19.000 personas con discapacidad en Jerez y su comarca, y ayer quisieron poner de manifiesto que la atención a las personas con discapacidad “está en peligro”. Entre todas dan trabajo en la actualidad a unas 300 personas, sin olvidar la colaboración de un centenar de voluntarios, que atienden directamente a cerca de mil personas con algún tipo de discapacidad en Jerez. Y a todas ellas se les han “encendido las alarmas” al soportar un débito acumulado por parte de las distintas administraciones de más de dos millones de euros.
Motivos que no invitan precisamente a celebración alguna -el propio Ayuntamiento canceló los actos previstos a petición de la Mesa de la Discapacidad-, pero que sí se convirtieron en una necesidad a la hora de reclamar “un gran pacto de Estado para evitar el desmantelamiento de este frágil sistema de protección social y la habilitación inmediata de un mecanismo extraordinario: la creación de un fondo que permita saldar las deudas pendientes con las organizaciones”.
Como exponían ayer, los “impagos y recortes atentan directamente contra los derechos humanos”, y “la crisis no puede servir de coartada para reducir los apoyos y recursos que necesitan los discapacitados para poder mantenerse en la comunidad con un nivel de vida digno, ya que están repercutiendo gravemente sobre los servicios de apoyo a la discapacidad provocando precariedad en los mismos y poniendo en peligro su continuidad”.
