El silencio que todas las partes mantienen en el caso del ‘crimen de la enfermera’ de Jaén es ensordecedor, a pesar de que el Juzgado de Violencia de Género levantó hace semanas el secreto de sumario. No obstante, fuentes del caso consultadas por VIVA JAÉN, informan de que la Fiscalía denegó la petición de excarcelación planteada por el abogado defensor del único detenido por la muerte de Antonia González Osuna, el pasado mes de octubre, con el que este periódico ha tratado de hablar en varias ocasiones sin que el letrado haya accedido a ofrecer dato alguno sobre el proceso.
Por otro lado, según ha podido saber también VIVA JAÉN, los familiares de la víctima no se han presentado como acusación particular.
Por su parte, los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) ya han concluido la investigación y tal como informaron fuentes de la Comisaría de Jaén recientemente, todos los informes forenses coinciden en que “la muerte de la enfermera fue violenta”. Ahora el Juzgado de Violencia de Género de Jaén deberá concluir la instrucción del caso y fijar fecha para el juicio, que según los plazos que actualmente baraja la Justicia, podría tardar en celebrarse cerca de un año. La muerte de Antonia González ha conmocionado a gran parte de la socidad jienense, ya que en un principio su marido, el detenido y enviado a prisión por el juez, declaró que encontró a su esposa con una jeringuilla en el brazo, por lo que se pensó que se trataba de un suicidio. Más tarde, cuando las primeras pruebas de la autopsia apuntaron a una posible muerta violenta, la Policía Nacional detuvo a J. A. P. para ser interrogado y acto seguido el juez dictó su ingreso en prisión al considerar que podría tratarse de un delito de violencia machista.
Tras esta circunstancia, la Policía Nacional continuó con la investigación y comprobó la coartada ofrecida por el marido de la víctima. Se pidieron las llamadas telefónicas recibidas y realizadas desde el domicilio conyugal, que el detenido había abandonado por una discusión, según informó la Policía. El juez también ordenó que se requisaran los ordenadores que el detenido usaba, tanto en su trabajo, como el de su domicilio. Más tarde, a petición del juzgado la Policía Nacional analizó los datos de los discos duros de los ordenadores requisados. Finalmente la investigación policial ha concluido y hasta el momento no ha trascendido un solo dato oficial de un caso de presunta violencia de género con agravante de muerte, que no está protegido por el secreto de sumario.
