A pesar del fuerte rechazo de todos los profesionales de la Administración de Justicia, de los sindicatos, de las organizaciones de consumidores y de los grupos de la oposición, el Gobierno ha vuelto a echar un pulso a la ciudadanía con la entrada en vigor este lunes de la polémica Ley de Tasas Judiciales.
La medida se ha estrenado con una manifestación convocada por CCOO, UGT y la Cumbre Social que partió este lunes de la rotonda de los Bomberos y llegó hasta la Plaza de Las Monjas para, entre otras cuestiones, protestar por “la ofensiva del PP contra los derechos y libertades de los ciudadanos utilizando como excusa la reducción del déficit público”.
La marcha estaba convocada contra el recorte de las pensiones, los expedientes de despido salvajes, las privatizaciones, la falta de protección al desempleo y las tasas judiciales. Sobre este último punto y el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Justicia Gratuita los convocantes denuncian que “incluyen medidas restrictivas del derecho a la tutela judicial efectiva, convirtiendo el acceso a la Justicia en algo inalcanzable para los colectivos con menos recursos económicos”.
Por eso mismo, la Cumbre Social “se pone a este brutal retroceso del Estado de Derecho, frente al que ya han manifestado su oposición innumerables colectivos sociales y aquellos relacionados directamente con la Administración de Justicia”.
Precisamente, Viva Huelva ha hablado con actores principales de la Justicia, como son los abogados y los fiscales, que reiteran su no rotundo a la medida. En el caso de los letrados, Antonio Bernal, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Huelva, ha explicado a este periódico que ve “prácticamente imposible” la retirada de la ley, pero “seguiremos protestando exactamente igual”.
Recaudación y recortes
Para el abogado, la oposición a la nueva norma está más que justificada, ya que “existe una desproporción evidente entre el coste económico que supone para una persona normal y la cuantía de las tasas, elevadísimas, de modo que la gente se va a quedar sin poder acceder a la Justicia porque se va a encontrar con un servicio público carísimo”.
A eso añade que “la finalidad que persigue no es solo recaudatoria, que también, sino disuadir ante los procedimientos judiciales para justificar a su vez un recorte de personal”. Y no se trata de una sospecha, y que “el Gobierno ha anunciado que va a suprimir la figura del juez sustituto, que supone una reducción del 20% de los jueces de toda España”.
Bernal cree que se trata de “una jugada perfectamente calculada, bajo el argumento de que, como van a quedar menos para el mismo trabajo, vamos a intentar que trabajen menos”.
En esta línea, el fiscal jefe de Huelva, Jesús Jiménez Soria, advierte de que “prescindir de los sustitutos en los juzgados y las fiscalías es un lujo que no podemos asumir, y evidentemente se notará, más aún cuando todas las plazas no están cubiertas”, de modo que “habrá más sobrecarga y menos calidad del trabajo”.
Del mismo modo, lamenta que “las reformas no se pueden hacer a base de parches, y se prevén más reformas no adecuadas”. Soria critica duramente las formas, ya que “todo lo que significa el encarecimiento y la dificultad de acceso a la Justicia no es bueno, y cuando además se hace sin consenso o en contra de la voluntad de los intervinientes, tiene más perjuicios aún”.
Por último, tras bromear con que el “único mérito” del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es que “ha logrado unirnos a todos”, lamenta, que una vez más, “el justiciable sea el más perjudicado”.
La ley en cifras
Por su parte, el coordinador de Facua-Consumidores en Acción en Huelva, Antonio Romero, alude directamente a las cifras para explicar lo que va a suponer esta ley de tasas. “Recurrir una multa de 150 euros tendrá una tasa de 200 euros, igual que reclamar la ejecución de un laudo favorable logrado en el sistema de arbitraje y consumo”. Las cifras se disparan si se trata de temas bancarios, como las participaciones preferentes, con tasas de “hasta 10.000 euros”.
Romero insiste en que “la Justicia no puede tener ningún elemento disuasorio” y ve con preocupación la medida, ya que “ningún gobierno puede suponer que aunque elimine la Justicia, los ciudadanos se van a quedar con los brazos cruzados, y al final, terminarán resolviendo sus problemas a palos, y eso es muy grave”.
Por último, cree que con leyes de este tipo “el Gobierno se está quitando la máscara y mostrando su auténtico rostro, que sólo favorece a ricos, bancos y Alemania”. Ante eso, hace falta “una alternativa de gobierno distinta” y la protesta en la calle, por eso Facua- Huelva acudió también a la manifestación.
