Con la entrada en vigor de la RPT, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, ya anunció en septiembre pasado que el documento contempla la apertura del proceso de funcionarización de la plantilla municipal para el personal laboral fijo, frente a los laborales indefinidos, que “deberán sacar su plaza”. Una medida que, en opinión del sindicato de técnicos municipales (ATMJ), supone una “discriminación” entre fijos e indefinidos, por lo que va a solicitar que el proceso de funcionarización se postergue y se dé prioridad a la conversión de los trabajadores laborales indefinidos a fijos, de manera que la citada funcionarización no deje fuera a una parte importante de la plantilla municipal.
Según datos consultados por este periódico, si el Gobierno local sigue adelante con sus planes, 738 trabajadores indefinidos quedarán fuera del proceso, y a ellos deberán sumarse aquellos laborales fijos que no estén ocupando puestos de funcionarios desde antes del 13 de abril de 2007, que también quedarán excluidos a tenor del Estatuto Básico del Empleado Público. Una circunstancia a la que hay que sumar el hecho de que la RPT aprobada sólo ha definido unos 40 puestos reservados a funcionarios, lo que obligará a que la funcionarización sólo puede limitarse a estos, según hemos podido consultar.
Detrás del empeño de la ATMJ en este asunto está, obviamente, la necesidad de que los empleados públicos sean, en su mayoría, funcionarios, como garantía de imparcialidad e independencia en el ejercicio de sus funciones, al no estar condicionados por el temor de ser despedidos por los gobiernos de turno. En este sentido, hay que tener en cuenta en la actualidad solo el 18% de la plantilla del Ayuntamiento es personal funcionario; en total, 288 empleados, frente a los 291 laborales fijos y los 738 laborales indefinidos. A ellos hay que sumar los 299 agentes de la Policía local. Sumados todos ellos dan los 1.616 empleados con que cuenta el Consistorio en plantilla en estos momentos.
Según datos a los que ha tenido acceso este periódico, los 288 funcionarios accedieron por oposición libre y concurso oposición, pero también una pequeña parte de ellos ya obtuvieron el rango de funcionario en 1978 mediante un proceso de funcionarización, en virtud del Real Decreto 1409/1977. Hasta ahora, las normas reguladoras de la función pública han contemplado esta posibilidad, limitadas a los contratados de carácter fijo, pero durante este tiempo el Ayuntamiento no ha hecho uso de esta posibilidad, salvo la referenciada de 1978.
Una situación que puede cambiar una vez se promulgue la nueva Ley de Función Pública Autonómica, de ahí que la ATMJ proponga que la funcionarización se postergue para acometer prioritariamente el proceso de conversión de los trabajadores indefinidos a fijos, con el procedimiento que las leyes actuales permitan, para, una vez entrada en vigor la futura ley autonómica, proceder al proceso de funcionarización que legalmente se establezca.
La ATMJ podría sumar a su favor la opinión de los funcionarios actuales, ya que, al ser un grupo minoritario, hasta ahora son diferenciados de los laborales, sin que cuenten con ninguna protección; por lo que llegado el momento en que sean mayoría podría cambiar el tratamiento hacia el colectivo. Sea como fuere, no parece aceptable que sólo una pequeña porción de la plantilla municipal sea funcionaria.
