El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados su intención de incluir el enjuiciamiento por el procedimiento de los denominados "juicios rápidos" de delitos hasta ahora excluidos de este modelo como son los robos con violencia.
Así ha respondido el titular de Justicia durante el Pleno de la Cámara Baja a la pregunta que le ha planteado el diputado del PNV Emilio Olabarría, que ha expuesto el problema planteado por el hecho de que este tipo de delitos tarde en enjuiciarse entre año y año y medio permitiendo que el infractor siga reincidiendo. Ha puesto un ejemplo en el que un delincuente ha llegado a reincidir hasta en 22 ocasiones mientras se tramitaba uno de los casos.
A lo largo de su respuesta parlamentaria, Ruiz-Gallardón ha corregido a Olabarría al señalar que el incremento de este tipo de delitos, según datos de la Fiscalía General, fue según la última estadística realizada del 14,47, y no del 47 por ciento.
Seguidamente, ha explicado que su departamento trabaja en sendas reformas del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pasará a llamarse Código Procesal Penal, que conllevarán un aumento de las penas para este tipo de delitos en los supuestos más graves, como los robos con violencia en domicilios, práctica de butrones y su comisión por grupos organizados.
Ha reconocido que hoy este tipo de actuaciones no pueden enjuiciarse mediante el procedimiento rápido porque conllevan penas de hasta 6 años de prisión. "Necesitamos una justicia ágil y la figura del juicio rápido en el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal mantendrá un procedimiento ágil para delitos flagrantes y de resolución sencilla", ha anunciado, por lo que se incluirán los robos con violencia en los en enjuiciamientos rápidos.
Olabarría ha dado las gracias al ministro por su compromiso si bien le ha advertido de las dificultades que puede entrañar la citada reforma, al coincidir en muchas ocasiones el delito de robo con violencia con otras conductas conexas que obligan a que el caso se dilucide en un juicio ordinario. Igualmente, le ha advertido de otras cuestiones a solucionar como la dificultad de encontrar voluntarios para las ruedas de reconocimiento o la necesidad de normalizar la confección de atestados.
