Son muchas las voces que se han alzado tras conocer los planes de la Junta de Andalucía de paralizar todos los proyectos de infraestructuras sanitarias previstos cuyas obras no hayan comenzado hasta que mejore la situación presupuestaria de la Junta de Andalucía. Y es que entre los que se quedan en stand by, hasta nuevo aviso, se encuentra el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Estepona, pendiente desde el año 2007. Ahora, Unión, Progreso y Democracia, UPyD, exige a la Consejería de Salud y Bienestar Social del ente andaluz que materializa la promesa de este centro sanitario.
"Las excusas de la socialista María Jesús Montero, titular de la Consejería, no solo no tienen pudor, como ella misma manifiesta, además atentan al principio de igualdad entre los andaluces, ya que la zona de Estepona no cuenta con el mismo nivel de servicios que otras zonas con población similar", aseguran. La formación magenta recuerda su compromiso con la ciudadanía y considera que los servicios sanitarios forman parte de su compromiso por la igualdad de los andaluces. "Nos vemos obligados a manifestar nuestro más completo desacuerdo con la decisión tomada de no dotar de financiación el proyecto del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades CHARE en Estepona, y a exigir al gobierno socialista autonómico que comience la ejecución de las obras de construcción del hospital", indican.
UPyD critica que en seis años no se haya hecho realidad la promesa de ninguno de los CHARE comprometidos en Estepona, Valle del Guadalhorce y Mijas y apuntan que además ha empeorado la calidad de los servicios sanitarios por que la masificación de los hospitales existentes ha ido en aumento. "Entre tanto se restan recursos destinados a la salud y bienestar de los ciudadanos, desde la Junta de Andalucía se promueven leyes y acciones que además de atentar contra la igualdad, manifiestamente benefician a determinados colectivos afines, como la incorporación de más de 20.000 trabajadores elegidos a dedo, echando por tierra los principios de capacidad y mérito, incorporación que costará más de 500 millones de euros, o, las sustanciosas comisiones pagadas a los intermediarios de los ERE falsos, que en algunos casos alcanzaban del 10 al 20 por ciento del expediente". lamentan.
