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Sábado 16/11/2024
 

Campo de Gibraltar

El Pleno de San Roque 'despide' a Recuenco y le pedirá daños y perjuicios

El equipo de Gobierno saca adelante las dos propuestas gracias a las abstenciones de la oposición. Recuenco intervino durante 20 minutos, en los que alegó que sus honorarios habían sido de 711.000 euros, y no más de un millón, como se ha dicho

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  • El arquitecto tuvo 20 minutos para exponer su postura. -

Resumen de los dos plenos extraordinarios sobre Recuenco y el PGOU

El Salón de Sesiones del Palacio de los Gobernadores ha albergado en la mañana de hoy, miércoles, dos plenos extraordinarios de la Corporación. En el primero, que duró más de tres horas, se escucharon los argumentos de Luis Recuenco, arquitecto director del equipo encargado de la revisión del PGOU, para defender el documento que presentó en agosto pasado.

En el segundo, de poco más de una hora de duración, se aprobaron con los votos del Equipo de Gobierno y la abstención del PP y USR las dos propuestas de Alcaldía: la rescisión del contrato con Recuenco y la petición de daños y perjuicios. Hay que apuntar que al primer pleno asistieron los 21 ediles de la Corporación, mientras que en el segundo se registró la ausencia del concejal Juan José Puerta.

El Orden del Día de la primera sesión fue el siguiente:
Punto único.- Comparecencia de D. Luis Recuenco Aguado ante la Corporación Municipal para informar sobre el documento del PGOU entregado.

Se inició a las 9.15 horas y finalizó a las 12.25. En primer lugar, Luis Recuenco tuvo 20 minutos para defender sus posiciones. A continuación se abrieron distintos turnos de preguntas por parte de los grupos políticos y de respuestas a las dudas planteadas por parte del arquitecto sevillano.

En total, se produjeron cuatro turnos de palabra para Recuenco (contando la inicial y la final) y tres para los concejales.

Recuenco afirmó que siempre había cumplido los plazos fijados en el pliego de condiciones, y atribuyó los retrasos (principalmente entre 2006 y 2012) a que se estuvo a la espera de conocer cómo afectarían a San Roque las disposiciones incluidas en la LOUA y del POT del Campo de Gibraltar. Gran parte de sus palabras fueron en contra de un técnico municipal, al que culpó de haberse extralimitado en sus funciones además de haberse equivocado en una apreciación, cuya consecuencia fue que en vez de la inclusión en el PGOU de un total de 9.000 viviendas, la cifra final había tenido que situarse sólo en 3.800.

Dijo que se le debían 30.000 euros por el documento presentado en agosto, y que debía recibir la misma cantidad una vez que el plan fuera aprobado de manera definitiva. En cuanto a la afirmación de que había cobrado más de un millón de euros del Ayuntamiento durante los años anteriores, situó esta cifra en 711.000 euros (contando IVA).

También apuntó que en el caso de que se rescindiera su contrato (como se aprobó en el siguiente pleno) iba a llevar el asunto a la vía judicial, concretamente a lo contencioso administrativo, y que iba a pedir una indemnización de un millón de euros. Asimismo, dijo que si el PGOU se encargaba a otro gabinete, iba a impugnar el contrato. En su opinión, el técnico municipal que había cuestionado es incompatible para redactar el plan.

En cuanto a las intervenciones de los grupos políticos, desde el PP tomaron la palabra José Antonio Cabrera y Fernando Palma. En resumen, la tesis de los populares sanroqueños era que se podía aprobar provisionalmente el documento presentado por Recuenco y corregir los fallos detectados en el periodo de alegaciones, para así tener el documento aprobado de manera definitiva en un plazo de unos siete meses. Además, el PP criticó que la comparecencia del arquitecto fuera en pleno en vez de en una comisión y con más tiempo para escuchar sus argumentos.

Razones similares esgrimió el portavoz de USR, José Antonio Ledesma, expuso que hace dos años se suscribió un nuevo contrato con Recuenco que actualizaba el original de 1998. Explicó que el PGOU se aprobó inicialmente en 2005, cuando el mismo Ledesma ostentaba la responsabilidad de teniente de alcalde de Urbanismo. También sostuvo que la redacción del Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Campo de Gibraltar paralizó los distintos planes generales municipales hasta octubre de 2011. Además, se preguntó si el PGOU se puede realizar desde el Ayuntamiento.

Juan José Puerta planteó las siguientes preguntas a Recuenco: si el documento presentado en agosto podría aprobarse de manera provisional; de ser así, si se podían subsanar los fallos detectados; cuánto había cobrado del Ayuntamiento por redactar el PGOU; y si sería ilegal que otro gabinete técnico pudiera elaborar el plan.

Jesús Mayoral, portavoz del PIVG, recalcó que ya en 2005 su grupo se mostró en contra del documento inicial del PGOU (al que se presentaron más de 2.000 alegaciones), así como de la renovación del contrato con el arquitecto en 2010, ya que había incluso informes en contra de Intervención. En su opinión, el trabajo se tendría que haber terminado en 2002 como muy tarde. También sostuvo que el documento presentado en agosto pasado es prácticamente el mismo de 2005.

Manuel Melero, portavoz del PA, presentó una serie de documentos que había recibido Recuenco del Ayuntamiento al menos en dos ocasiones relativos a innovaciones urbanísticas, con lo que contradecía la afirmación del arquitecto sevillano de que no había recibido información municipal entre 2006 y 2012. Le preguntó por qué no había entregado el PGOU en los años inmediatamente siguientes a 1998, cuando no hubo ningún tipo de legislación que pudiera haber frenado su trabajo. Además, le inquirió si había contactado durante estos catorce años con algún industrial o inversor con intereses en San Roque (Recuenco respondió que no). También le planteó por qué no había detectado antes el error en el cómputo de viviendas que atribuye a un técnico municipal y se lo había comunicado al Ayuntamiento.

Juan Manuel Ordóñez, portavoz del PSOE, sostuvo que su grupo estaba en contra del documento presentado por Recuenco porque los informes técnicos también lo estaban. Además, criticó el descenso radical en el número de viviendas públicas contempladas por el arquitecto, cuando se mantenía una gran cantidad de viviendas de lujo.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, intervino en varias ocasiones. En primer lugar, refutó el argumento de Recuenco sobre que no se le había entregado cartografía actualizada para realizar su trabajo. En primer lugar, sostuvo que no era una obligación para el Ayuntamiento, aunque de hecho sí se le aportó cartografía en varias ocasiones, la última vez en 2010. Explicó que la voluntad del equipo de gobierno es que la redacción de la revisión del PGOU se haga con medios municipales, aunque si es necesario se recurrirá a asistencias técnicas externas a la Delegación de Urbanismo.

También mostró su absoluta confianza en el técnico municipal al que había criticado Recuenco, y recordó que dicho técnico había tenido también la confianza de los tres alcaldes anteriores. En cuanto a los honorarios de años anteriores, el alcalde señaló que si bien el mismo Recuenco había cobrado 711.000 euros, la cifra pagada al equipo redactor al completo rozaba los 1,1 millones.

Segundo pleno

Tras un descanso de unos cinco minutos, comenzó la segunda sesión plenaria a las 12.30 horas y finalizó a las 13.40. El Orden del Día era el siguiente:

1.- Propuesta de acuerdo para la resolución definitiva de “Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del documento de revisión y adaptación del PGOU, así como la redacción del estudio de impacto ambiental”. Se aprobó con los diez votos a favor de los concejales del PSOE presentes (faltó Juan José Puerta), PIVG y PA, y la abstención de PP y USR.

2.- Propuesta inicial para la determinación y cuantificación de daños y perjuicios irrogados al Ayuntamiento de San Roque por D. Luis Recuenco Aguado, como efecto de la resolución definitiva del contrato. Se aprobó con los diez votos a favor de los concejales del PSOE presentes (faltó Juan José Puerta), PIVG y PA, y la abstención de PP y USR.

En resumen, PP y USR sostuvieron que se podía llegar a un acuerdo con Recuenco para evitar que el caso se eternice en los tribunales. El alcalde, por su parte, explicó que no se podía aprobar el PGOU aportado por Recuenco porque se contaba con informe técnicos en contra. También dijo que las innovaciones urbanísticas servirán para llenar el hueco hasta la aprobación definitiva del PGOU, como ha ocurrido en los años anteriores. Por su parte, Jesús Mayoral señaló que una vez que el Consejo Consultivo de Andalucía se había mostrado favorable a la resolución del contrato, no existía ningún argumento para mantener a Recuenco en la redacción del PGOU.

Tras el pleno, el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, hizo unas breves declaraciones en las que dejó patente su satisfacción porque se habían aprobado en pleno las dos propuestas que había presentado. Señaló que comenzaba ahora el plazo para tener listo el PGOU en el menor tiempo posible y utilizando los medios municipales, de manera que sólo se hiciera uso de apoyos externos si era indispensable. En cuanto a la petición de daños y perjuicios, cifrada inicialmente en 1.320.564 euros, dijo que tras el estudio de las alegaciones que presentará Recuenco se llegará a la cifra final que reclamará el Consistorio.

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