El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, asegura que está "tranquilo" en cuanto a la gestión que ha realizado el gobierno del PP desde que llegó a la institución provincial sobre Bien de Interés Cultural (BIC) de Valcárcel.
En una entrevista concedida a Europa Press, Loaiza ha indicado que aún no tiene "ninguna notificación oficial" de la denuncia presentada en Fiscalía por 20 colectivos que participaron o apoyaron el proyecto 'Valcárcel Recuperado', que se inició con la ocupación del edificio.
La denuncia, por un posible delito contra el patrimonio histórico, se dirige contra Loaiza, sus dos antecesores inmediatos en la Diputación -los socialistas Francisco González Cabaña y Rafael Román-y contra la empresa que firmó la adquisición del inmueble, Zaragoza Urbana S.A.
"Cuando recibamos notificación oficial veremos cómo actuamos", dice Loaiza, que insiste en que está "tranquilo" al respecto. Y es que, según argumenta, cuando el PP llegó a la Diputación "se encontró ese problema" y, de hecho, "hemos estado forzando, intentando negociar con la empresa y con el Ayuntamiento posibles salidas" desde el primer momento.
En este sentido, recuerda las acciones que se han emprendido desde la Diputación para "obligar a la empresa al cumplimiento del contrato". En este punto, recalca que la posesión del edificio no la tiene la Diputación, sino la empresa, que, entre otras cuestiones, ya ha sido obligada a hacer obras de seguridad en la zona del inmueble que tuvo que ser clausurada.
Asimismo, el Pleno ordinario del pasado mes de febrero aprobó, por unanimidad, dos acuerdos referidos al contrato administrativo especial que regula la enajenación del edificio Valcárcel. Así, en primera instancia se desestimó la resolución planteada por Zaragoza Urbana para revertir el bien a la Diputación y, en segundo lugar, se le reclamó el pago de 2,8 millones de euros para cumplir las condiciones pactadas en el contrato de compraventa.
La institución provincial aprovechó dicho Pleno para dejar constancia de que la conservación del edificio es una obligación del adquiriente, es decir, de Zaragoza Urbana.
