La Junta ha culminado el pago del turno de oficio de 2012 a los abogados andaluces con el abono hoy de una última cuota al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados de 6,5 millones, de los que 883.875 euros corresponden a los letrados de la provincia de Cádiz. Con este pago, la Consejería de Justicia e Interior cumple su compromiso de sufragar antes de finalizar abril los más de 20 millones pendientes del pasado año por la prestación de este servicio esencial para la ciudadanía en la comunidad autónoma.
Este nuevo pago, que se suma a los otros dos abonos de 7,4 millones efectuados en los meses de febrero y marzo, beneficiará a los más de 7.000 letrados andaluces que participan en el turno de oficio, de los que casi cerca de un millar son de la provincia de Cádiz (773 de Cádiz y 211 de Jerez). Con esta iniciativa se da respuesta al compromiso contraído por el consejero del ramo, Emilio de Llera, con los representantes de los letrados andaluces a principios de año para cerrar un calendario de pago que liquidara definitivamente estos servicios de justicia gratuita y atender de este modo las reclamaciones que venían planteando los colegios de abogados en este sentido.
La Consejería ha destacado el gran esfuerzo de la Junta para afrontar estos pagos y sufragarlos con la mayor celeridad pese a las dificultades económicas actuales, abonando en apenas 3 meses a los abogados andaluces un total de 21,3 millones de euros, de los que 3,3 millones han ido destinados a los letrados de la provincia de Cádiz.
El Gobierno andaluz sostiene que este abono supone un avance sin precedentes en los pagos de justicia gratuita y ha permitido a la Consejería acabar con los retrasos en los pagos, ponerse al día con los Colegios de Abogados y enjugar toda la deuda por este servicio en apenas un año.
Prioridad para garantizar la justicia gratuita.
Según la Consejería, este abono pone de manifiesto que la justicia gratuita es una prioridad para la Junta, situando la atención a sus pagos en la primera línea de los servicios a garantizar en estos tiempos difíciles e incluso por delante de otras muchas demandas igualmente importantes para el Gobierno andaluz.
Este respaldo económico al programa de asistencia jurídica gratuita garantiza un servicio fundamental como es la defensa ante los tribunales para aquellas personas que no disponen de recursos económicos suficientes para ello, beneficiando durante el pasado año a más de 300.000 andaluces.
El departamento que dirige Emilio de Llera ha dado prioridad absoluta a este pago al considerar que este dinero llega y beneficia directamente a los abogados que, con su esfuerzo y profesionalidad, son realmente los que sostienen este servicio esencial para garantizar los derechos de las personas y la igualdad de la ciudadanía frente la Justicia en estos tiempos de crisis.
Este esfuerzo que viene realizando el Gobierno andaluz en favor de los abogados se pone de relieve en el abono continuo de los servicios de justicia gratuita durante esta legislatura, en la que no se ha dejado de pagar todos los meses diversas cantidades con el objetivo de ir rebajando paulatinamente los pagos pendientes que se habían venido retrasando en los últimos años en esta materia. De hecho, durante el pasado año se sufragaron 38,4 millones de euros que permitieron liquidar toda la deuda de 2011 y avanzar en gran parte de los gastos de 2012.
Compromiso presupuestario.
La Consejería de Justicia e Interior subraya también el compromiso presupuestario con la justicia gratuita, que mantiene intacta para este año la partida en esta materia con un montante de 44 millones. Desde que en 1997 se asumieron las competencias en esta materia, la Administración autonómica ha destinado más de 340 millones de euros al Programa de Asistencia Jurídica Gratuita, multiplicando por diez el presupuesto consignado para estos servicios y pasando de los 4,7 los millones de euros destinados en 1997 a los 44 millones citados previstos para el presente ejercicio.
La Junta ha trabajado además en la mejora de la calidad de este servicio y en su especialización, impulsando los turnos de oficio específicos en aquellas áreas de interés social como es la atención a los colectivos de inmigrantes, menores y mujeres víctimas de violencia.
