La Junta de Andalucía destinará a la provincia de Huelva 5,4 millones de euros para paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro, tras la aprobación el pasado martes del Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Lucha contra la Exclusión Social en Andalucía, por el Consejo de Gobierno.
A esta cifra se sumará la cuantía correspondiente a las familias onubenses del Ingreso Mínimo de Solidaridad o Salario Social, que contempla una dotación extraordinaria de 44 millones de euros para el conjunto de Andalucía.
Según ha afirmado este jueves en rueda de prensa el delegado de la Junta en Huelva, José Fiscal, con esta medida pretenden "poner freno a esta situación, para que los que menos tienen no entren en exclusión en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente".
"El decreto va acompañado de otras medidas ya adoptados por el Gobierno andaluz como el Plan Choque por el Empleo que ha generado 400 empleos en la provincia y el Decreto en defensa de la vivienda", ha asegurado.
El delegado, que ha estado acompañado de los delegados territoriales de Educación, Cultura y Deporte, Vicente Zarza, y de Salud y Bienestar Social, Lourdes Martín, además del representante de la Oficina de la Vicepresidencia, Francisco Javier Camacho, ha apuntado que los pilares básicos de esta norma son "el acceso a la contratación, la amortiguación del desempleo, garantizar el salario mínimo de solidaridad y asegurar la alimentación de las personas en riesgo de exclusión".
Fiscal ha señalado que la crisis no solo se hace notar en España y que hay medidas similares a este decreto en países como Finlandia o Reino Unido. El decreto ley establece dos colectivos como los más vulnerables: los menores y los mayores. Para mitigar esta situación, el Decreto Ley introduce medidas "extraordinarias" dirigidas a fomentar la contratación entre los colectivos más castigados por la crisis; atender las necesidades básicas de alimentación de los menores, sus familias y las personas mayores en riesgo de exclusión, y mantener y afianzar el Servicio de Ayuda a Domicilio para evitar la pérdida de empleo que suponen los recortes estatales.
La delegada de Salud y Bienestar Social ha señalado que "se dará a las familias recursos para mitigar situaciones extremas, bien a través de los municipios y para la contratación laboral de personas en periodos que pueden oscilar de 15 días a tres meses, que cobrarán 798 euros al mes, y que realizarán trabajos de interés para la comunidad; o bien, a través de las entidades locales, para mantener la ayuda a domicilio, muy recortada por el Gobierno central". Para la primera línea, está prevista una cuantía de 2,4 millones de euros y la generación de 74.000 jornales, y para la segunda, 1,8 millones de euros.
GARANTÍA ALIMENTARIA
Con el Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria, que se articulará en red, se pretende llegar a las zonas más aisladas y alcanzar una optimización de los recursos. Para ello, se destinarán 247.000 euros al Fondo de Preparación y reparto de alimentos; 30.945 los servicios de comida; 148.938 para preparación y reparto de alimentos a personas menores de edad ZNTS (Zonas con Necesidad de Transformación Social); 124.000, de refuerzo a los comedores escolares, y 25.000, al programa de comedor de Centros de Participación Activa. Además, la cuantía de las ayudas a las familias pasará de los 106.000 euros actuales a 264.930, y los fondos de apoyo a las entidades locales para el programa de solidaridad alimentaria ascenderá a 286.818 euros.
El delegado de Educación ha subrayado que actualmente el 60 por ciento de los alumnos de los comedores tienen una bonificación del cien por cien, y, que, con la aplicación de este decreto, "el 50 por ciento de los escolares que ya no pagan nada por el comedor se beneficiarán del refuerzo y podrán acceder a las tres comidas diarias".
La iniciativa del Gobierno andaluz se lleva a cabo a través de la fórmula del Decreto Ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Entre otros datos que reflejan esta coyuntura, destacan el aumento de los hogares con todos sus miembros en paro y sin ingresos (de 33.200 en 2007 a más de 100.000 en 2012); el empeoramiento de los indicadores de bienestar en menores (72.020 viven en hogares con privación material severa) y personas mayores (33.868 en situación de exclusión social), y los drásticos recortes en el Sistema de Atención a la Dependencia, que han supuesto una reducción del 68 por ciento de la financiación estatal entre 2011 y 2013.
