Según comenta Ruiz Boix “este auto contradice la tesis que ha defendido el Partido Popular los últimos siete años. El PSOE siempre ha mantenido una posición firme de respeto a la legalidad y cumplir las sentencias judiciales. Por tanto, se ha confirmado que Fernando Palma y su Gobierno realizaron una operación ilegal como fue adjudicar a una empresa, por no se sabe que intereses, y la justicia ha determinado que existen dudas más que razonables de que ya habían decidido a quien iban a entregar la parcela”.
“Esta sentencia del 2004, si se hubiese ejecutado no hubiese supuesto gasto a los ciudadanos, pero el hecho del PP de recurrir la sentencia ha hecho que la justicia condene al Ayuntamiento a devolver el dinero de la adjudicación ilegal y a hacerse cargo de los intereses que se hayan generado. La deuda que hay que asumir es de casi tres millones de euros por culpa de la mala gestión del PP. Me pregunto cuándo la Corporación va a acatar esta sentencia y se va a dejar de perder dinero por los intereses que ascienden a 1.200 euros diarios”, dijo Ruiz Boix.
