El PP afirma que todos los ayuntamientos granadinos donde gobierna se adherirán al decreto de Medidas Urgentes contra la Exclusión Social y lo van a poner en funcionamiento "siempre y cuando la Junta adelante el dinero" para las contrataciones a personas en riesgo de exclusión y para las ayudas que recoge el texto.
Así lo ha avanzado este martes la parlamentaria andaluza del PP Ana Vanessa García en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha acusado a la Junta de actuar a "espaldas a los ayuntamientos y las entidades sociales" para poner en marcha este decreto, que considera "improvisado" y "ambiguo".
García asegura que el presupuesto para este decreto es de 76 millones de euros, "no de 120 millones como asegura el Ejecutivo andaluz", y que el dinero "realmente proviene de lo que se le ha quitado a los ayuntamientos para el presupuesto de 2013", lo que le ha llevado a condenar el "recorte" de "777 millones en materia de Servicio Sociales en Andalucía".
La parlamentaria ha aludido a la "gran preocupación que tienen los alcaldes en torno a la financiación" de este decreto, ya que según el procedimiento redactado "el pago por parte de la Junta se efectuará al finalizar el programa"; es decir, que la Consejería de Economía lo abonará cuando se haya justificado el gasto.
En este contexto, ha precisado que todos los ayuntamientos del PP "van a solicitar la adhesión al Decreto y le van a pedir a la Junta que adelante el dinero para que se puedan llevar a cabo las contrataciones y ayudas", según informa la formación en un comunicado.
Por último, ha explicado las líneas en las que se divide el Decreto. La primera corresponde a las ayudas a la contratación de quince días a tres meses, cuyo cómputo mensual, con las cotizaciones incluidas, no podrá superar los 1.000 euros, según ha detallado.
La segunda línea es la de servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de Dependencia, "teniendo que asumirlo los ayuntamientos al finalizar el año". Para la parlamentaria popular esto evidencia "las nefastas políticas del Gobierno andaluz en programas sociales cuyo eslogan podría ser 'la Junta vende y anuncia programas que los ayuntamientos pagan'".
Por último, Ana Vanessa García ha aludido a la línea de garantía alimentaria, mediante la que se pretende garantizar tres comidas al día a los niños andaluces con programas de ayudas a los comedores escolares. No obstante, ha advertido de que esta medida "es totalmente irreal, ya que los niños no comen en el colegio los sábados y los domingos y ningún día durante los meses de julio y agosto".
ESFUERZO CONJUNTO
Por su parte, la parlamentaria andaluza del PP Marifrán Carazo ha afirmado que "el 50 por ciento de las medidas recogidas en el decreto van a necesitar el esfuerzo de los ayuntamientos y de las entidades sociales y sin embargo, la Junta de Andalucía no ha contado con ellos", generando "confusión, dificultad y muchas dudas al respecto".
En este sentido, Carazo ha subrayado la experiencia que tienen los ayuntamientos con los bancos de alimentos, Cruz Roja o Cáritas, que atienden en la provincia de Granada a más de 100.000 ciudadanos al año.
La parlamentaria popular ha pedido al Gobierno andaluz que adelante el dinero del Decreto a los ayuntamientos y le ha advertido que ya les "debe los gastos de Dependencia desde noviembre de 2012", a lo que se sume el "recorte de las ayudas económicas familiares".
Con respecto a la tercera línea del Decreto, la que afecta a los comedores escolares durante el curso 2012-2013, la también portavoz de Educación del PP en el Parlamento de Andalucía ha señalado que de los 233 colegios públicos de la provincia, sólo 181 disponen de comedor, tres más que el año pasado.
Esto supone a su entender que "un 23 por ciento de los centros públicos granadinos carece de comedor y se ha preguntado "cómo puede prometer la Junta tres comidas a todos los escolares" si hay 52 colegios públicos que no prestan servicio de comedor, además de que adeuda "2,5 millones de euros a las empresas de catering que ofrecen dicho servicio a los colegios desde octubre de 2012".
Para Carazo, "en estas circunstancias no se puede abordar el grave problema de la exclusión social en Granada y Andalucía". Por ello, ha pedido al Gobierno andaluz que elabore un plan de inclusión social "con medidas de empleo, concreto y con financiación provincializada, dando un papel destacado a los ayuntamientos y entidades sociales para afrontar la delicada situación que atraviesan miles de familias andaluzas".
