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Sábado 23/11/2024
 

Provincia de Granada

La Inspección detecta que Iberia obligó a sus trabajadores a realizar horas extras en una huelga, según UGT

UGT está estudiando la posibilidad de denunciar a Iberia ante el órgano jurisdiccional correspondiente por vulneración del derecho a huelga

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El sindicato UGT está estudiando denunciar a Iberia por vulneración del derecho a la huelga después de que la Inspección de Trabajo haya detectado que "obligó a sus trabajadores" en el Aeropuerto de Granada a realizar horas extras en una jornada de huelga contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que quería aplicar la aerolínea.

   En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa de Iberia, Juan Porto (UGT), ha informado de que el sindicato presentó una denuncia ante la Inspección el pasado 18 de febrero, después de que varios trabajadores se quejaran de "servicios mínimos abusivos" y de que la aerolínea les había "obligado" a hacer horas extraordinarias durante la jornada de paro, algo que, según añade el sindicalista, no está permitido. 

   Porto informa de que en su resolución, la Inspección de Trabajo "viene a reconocer que efectivamente se realizaron dichas horas por varios trabajadores", aunque entendiendo que la vulneración o no del derecho a huelga, tanto en ese punto como en los servicios mínimos que también se denunciaron, es competencia de los órganos jurisdiccionales.

   Así las cosas, UGT está estudiando la posibilidad de denunciar a Iberia ante el órgano jurisdiccional correspondiente por vulneración del derecho a huelga.

   El presidente del comité ha recordado que la huelga del 18 de febrero de 2013 en Iberia fue convocada por UGT, entre otros sindicatos, en protesta por el ERE que quería aplicar la empresa y que finalmente quedó en un acuerdo de reducción de personal por un Expediente vigente desde 2001 y muy superior en sus condiciones para los trabajadores que lo que recoge la última reforma laboral.

   También se acordó la formación de una comisión mixta dentro del acuerdo del mediador nombrado por el Gobierno, con compromiso de seguir negociando y de mantenimiento de la paz social durante seis meses.

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