La Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía y el abogado del dueño de Uniter, José González Mata, han solicitado este martes a la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que nombre un administrador judicial para Uniter y Cureña --ambas propiedad de González Mata--, pero la magistrada Mercedes Alaya ha aplazado dicho nombramiento y ha dicho que no tomará ninguna decisión al respecto hasta que tome declaración al imputado.
El abogado del imputado, Juan Pedro Cosano, ha informado a los periodistas de que durante una comparecencia celebrada en la mañana de este martes en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y que se ha prolongado por espacio de 40 minutos, tanto él como el Ministerio Público y la Junta de Andalucía, personada como acusación en esta causa, han coincidido en señalar la "necesidad" de nombrar un administrador judicial para Uniter y Cureña, que desde el pasado día 18 de abril tienen bloquedas todas sus cuentas.
En este sentido, el letrado ha señalado que Uniter y Cureña, debido a este bloqueo, "no pueden hacer frente a las obligaciones tributarias", lo que está provocando "el embargo del patrimonio" de las compañías y, por ello ha insistido en la necesidad de nombrar a un administrador judicial, aunque la juez ha dicho que no tomará ninguna decisión al respecto hasta que tome declaración a González Mata, una declaración que no tiene fecha y que no se podría señalar, al menos, hasta dentro de dos semanas.
Al hilo de ello, Cosano ha considerado "perentorio" que se nombre este administrador judicial, de manera que se permita a González Mata "pagar a sus trabajadores, a los bancos, a la Seguridad Social y a Hacienda" porque de lo contrario Uniter y Cureña "van a desaparecer, haciéndole un flaco favor" al procedimiento judicial que instruye Mercedes Alaya.
La actual situación "está provocando que los bienes desaparezcan y que nadie pueda cobrar", ha señalado el abogado, quien ha precisado que los trabajadores no cobran sus nóminas desde el pasado mes de abril y que un total de 25 familias dependen directa o indirectamente de Cureña y Uniter.
Tras la petición realizada por el imputado para que se nombrara un administrador judicial que intervenga todas y cada una de las operaciones sociales de dichas entidades, la juez no sólo acordó la celebración de esta comparecencia sino que también ordenó que se recabara "con carácter urgente" el saldo de las cuentas bancarias de Cureña y Uniter sobre las que se trabó bloqueo.
En un auto, la magistrada se opuso igualmente al recurso presentado por el abogado de González Mata contra su decisión de bloquear todas sus cuentas bancarias, ya que el abogado entiende que con ello "se va a procurar" su "absoluta indigencia" y la "desaparición" de Uniter y otras compañías mercantiles administradas por el imputado.
La juez rechazó el recurso ya que dicho bloqueo "se adoptó como medida cautelar con la finalidad de asegurar un eventual fallo condenatorio y con la temporalidad propia de tales medidas de aseguramiento".
Hay que recordar que, el pasado mes de abril, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla dictó un auto en el que ordenaba bloquear un total de 84 cuentas bancarias que se encuentran a nombre del dueño de la mediadora o de algunas de las empresas vinculadas a Uniter, como son Cureña S.L. o Ingotor Seguros S.L..
EL RECURSO CONTRA EL BLOQUEO DE CUENTAS
En su recurso, consultado por Europa Press, el abogado de González Mata asevera que, con el bloqueo de las cuentas, "se va a procurar la absoluta indigencia" del imputado y la desaparición de dos empresas "vivas" como Uniter y Cureña, "pero no va a servir a la acción de la Justicia", sino que por el contrario "se va a propiciar que bienes que podrían servir a esos fines sean malbaratados en beneficio sólo y exclusivamente de los bancos acreedores".
Por todo ello, concluye que la medida cautelar adoptada "para nada sirve a los fines del proceso y sólo va a propiciar la desaparición de las empresas afectadas, y con ella, de su solvencia, por lo que al fin y a la postre el Juzgado no va a disponer de activo sobre el que poder actuar en aras a procurar la satisfacción de la eventual responsabilidad civil que se declare".
Con dicha medida cautelar, González Mata, Uniter y Cureña "no van a poder hacer frente a obligaciones tan básicas como el pago de los suministros de luz, agua y teléfono; no van a poder hacer frente a los recibos de las comunidades de propietarios en que se integran los inmuebles que poseen, ni van a poder hacer frente a las nóminas de sus trabajadores".
Además, "no van a poder pagar las cuotas de la Seguridad Social dimanantes de las relaciones laborales que mantienen, ni van a poder cumplir con los aplazamientos de las obligaciones tributarias contraídas ni con los pagos que se devenguen en el futuro inmediato", a lo que se suma que "no van a poder cumplir con las amortizaciones periódicas de los préstamos hipotecarios en su día contratados".
