El exdelegado de la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro, principal acusado en el juicio por el supuesto desvío de fondos públicos a través de Rilco que hoy ha quedado visto para sentencia, ha afirmado que no se va a arrepentir "nunca" de lo que hizo porque "no tenía ninguna mala intención".
Manuel Rodríguez de Castro, principal imputado, ha sido el único de los cinco acusados que ha hecho uso de la palabra antes de que el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial dictase que el caso quedaba, tras doce días de juicio, visto para sentencia.
En un largo alegato, Rodríguez de Castro, para quien el fiscal pide diez años de prisión por delitos como malversación de fondos públicos o fraude en las subvenciones que Rilco recibió del Estado, ha sostenido que todo el caso parte de una persecución "por razones personales" y para terminar con él de los abogados del Estado Manuel Ponce y Aurelio Piña, que en su día contrató como asesores legales de la Zona Franca y ahora ejercen la acusación.
Les contrató como asesores cuando llegó al cargo porque "confié ciegamente" en que "eran los mejores abogados de Cádiz", además de porque tenía una "amistad extrema" con los dos.
También Rodríguez de Castro, que fue designado por el PP, ha vuelto a culpar al PSOE de que el portal de comercio electrónico Rilco que él quiso poner en marcha "se tirara a la papelera sólo por un cambio político".
En un tono casi emocionado, el exdelegado del Estado ha sostenido que no hizo nada malo: "tuve el privilegio de hacer algo por esta ciudad", "algo bueno que nadie había hecho antes", un proyecto que impulsó con su "mejor esfuerzo" y sin "ninguna mala intención" porque no tenía "necesidad".
Dirigiéndose al tribunal que ahora debe dictar sentencia, tras un proceso judicial que ha durado más de una década, Rodríguez de Castro ha dado a entender que lleva condenado muchos años porque internet se ha encargado de difundir "como potro de tortura" que él es "un presunto culpable haga lo que haga".
"La condena es perpetua, la condena digital va a seguir ahí, sea cual sea la condena", ha dicho el exdelegado de la Zona Franca de Cádiz, que ha negado que los 800.000 euros que recibió de sociedades de Panamá y que un juzgado de Sevilla investiga por su supuesto delito fiscal, procedan de los fondos que supuestamente se evadieron de Rilco y ha insistido en que estas acusaciones le han arruinado la vida profesional.
También el resto de los acusados, entre ellos Miguel Osuna, que le sucedió en el cargo y para el que el fiscal pide ocho años de prisión, han pedido la absolución y defendido que no tuvieron nada que ver con las irregularidades que se cometieron en la adjudicación, la obtención de subvenciones millonarias o la ejecución del proyecto Rilco.
Así, tras este largo juicio, ni las acusaciones, que ejercen el fiscal, la abogacía del Estado y el abogado del PSOE, se han movido apenas, ni tampoco los argumentos de defensa de los acusados de esta caso.
