“Para que el ciudadano cumpla la norma, tiene que entenderla”. Es una de las reflexiones de Juan Carlos Campo Moreno- magistrado de la Audiencia de Cádiz, y secretario de Estado de Justicia en la anterior legislatura, con el ministro Francisco Caamaño- que ha intervenido en la jornada de clausura del primero de los Cursos de Verano de la UNED en su sede de Alcalá la Real.
Para Campo “la ciudadanía debe ser exigente con la claridad de los textos relacionados con la justicia” si bien ha recordado que “la claridad es una rara avis”. Para ello se ha remontado a las escenas cinematográficas de los Hermanos Marx y su archiconocida “parte contratante de la primera parte”.
El magistrado se ha referido a los importantes pasos que se han dado en la última década en esta aspecto, señalando el Plan de Transparencia Judicial del año 2005 o la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico de 2009, ambas impulsadas desde el Gobierno de España.
Según ha indicado Campo Moreno, las conclusiones principales se refieren a los errores de los juristas en temas de gramática y ortografía, “ya que no nos sirve de nada el derecho sino somos capaz de explicar, de dar a entender por qué se mete a alguien en la cárcel”. “El lenguaje críptico, oscuro, solo favorece la incomprensión”.
Desde un punto optimista, el magistrado sevillano ha señalado que “la crisis puede llevar consigo cambios importantes en este aspecto, porque ahora somos más conscientes del derecho que tenemos a comprender y de la exigencia del ciudadano a saber lo que firma, pues todos conocemos, por desgracia, casos como las acciones preferentes, en las que no se sabía lo que se firmaba”.
La Comisión de Modernización de 2009, según ha explicado Campo, constaba de ocho expertos o vocales elegidos por razón de su reconocida experiencia y conocimientos en los ámbitos jurídico y lingüístico. Estuvo presidida por la Secretaría de Estado de Justicia, desde donde el magistrado la impulsó y contó con Víctor García de la Concha, director de la Real Academia Española de la Lengua, junto a Álex Grijelmo, presidente entonces de la Agencia EFE, Gabriela Cañas, de El País y Maria Peral Parrado, de El Mundo. También hubo en la misma representantes de universidades, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo General de la Abogacía y de la Fiscalía Superior de Andalucía, entre otros.
Entre las conclusiones destacan las recomendaciones destinadas a profesionales del derecho y a instituciones, así como a medios de comunicación. Según Campo estas conclusiones están en línea con el "derecho a comprender, ya que una justicia del siglo XXI es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprender".
