Dos semanas después de que saltaran a la luz pública las supuestas irregularidades en la adjudicación y uso de la VPO del concejal delegado del Distrito Norte, Juan García Camacho, los grupos municipales de la oposición continúan reclamando explicaciones públicas al alcalde, Juan Ignacio Zoido, así como al propio García Camacho.
Para PSOE e IU, el Ayuntamiento está “silenciando” un tema muy “serio, ya que podría constituir un “presunto fraude” por parte del edil, que estaría realizando un uso irregular de la VPO adjudicada por Emvisesa en 2005 al habitarla de “manera esporádica”, según su propio testimonio, y no de forma permanente y como residencia habitual, como establece la normativa referente a las Viviendas de Protección Oficial.
Además, también sería objeto de estudio la posible cesión de la VPO y el que, en el momento de la adjudicación, el concejal ya fuera copropietario de otra casa. Así, y ante esta falta de información por parte del Consistorio y las declaraciones “ambiguas e incoherentes” de García Camacho, el PSOE ha registrado un nuevo escrito en el Ayuntamiento -que se suma al del pasado 27 de junio, en el que se solicitó que se dieran las oportunas órdenes al gerente de Emvisesa para que investigara la situación de la vivienda adjudicada a García Camacho- en el que urge a Zoido a “poner todos los medios posibles para aclarar” cuanto antes el asunto y en el que da un paso más al solicitar el “acceso a todos los documentos relacionados con la adjudicación de la vivienda de Emvisesa” al edil García Camacho en 2005, así como de “las inspecciones realizadas en la vivienda en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos de la adjudicación”.
Además, los socialistas requieren la “copia de la petición de licencia que habilita al concejal a realizar las obras en su vivienda” que él mismo ha declarado estar ejecutando, así como “los justificantes de pago de las tasas e impuestos que por dicha obra deba asumir”.
Importancia social
Para los socialistas se trata de un tema “serio y sensible a la ciudadanía” teniendo en cuenta el contexto social de fuerte demanda de viviendas sociales. “Hay muchos sevillanos esperando a poder acceder a una vivienda digna -en concreto 16.600 en lista de espera en Emvisesa- y el gobierno municipal no puede silenciar este asunto tan grave. Existen muchas incoherencias en las declaraciones de García Camacho que crean dudas y puntos negros. Por lo tanto pedimos a Zoido las explicaciones oportunas y la documentación encima de la mesa para acabar con este tema oscuro que no se puede prolongar más en el tiempo”, señaló a Viva Sevilla ayer Antonio Muñoz, portavoz adjunto de los socialistas .
En estos mismos términos se expresó ayer el portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, que denunció “el silencio cómplice mantenido por Zoido hasta ahora” con respecto a “un tema tan bochornoso”, al tiempo que recordó que su grupo aún espera respuesta a la carta que remitieron la semana pasada ante el “supuesto fraude” que estaría cometiendo García Camacho.
Torrijos incidió en que las notificaciones en el BOP a lo largo de cinco años tras los intentos fallidos de hasta cuatro organismos de ponerse en contacto con el edil -información publicada este lunes en Viva Sevilla- constituyen “la prueba del algodón” de que el edil “jamás ha ocupado regularmente su VPO”.
“No sabemos a qué espera Zoido para tomar agún tipo de medida encaminada a reparar esta situación aparentemente ilegal e indecente”, se preguntó Torrijos, que insistió en el “enésimo ejemplo de la doble moral que predica este gobierno local”.
“Las notificaciones son muy habituales”
“Es habitual no poder localizarlo en su casa por su elevado ritmo de trabajo”.
Según fuentes municipales, la existencia de hasta once notificaciones de cuatro organismos distintos en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) desde 2008 por no poder localizar al edil popular Juan García Camacho en su domicilio fiscal -García Camacho está empadronado en la VPO que Emvisesa le adjudicó en 2005-, no son indicativo alguno de que el delegado del Distrito Norte no habite de manera continua en su VPO.
“Las notificaciones en el BOP son bastante habituales”, señalaron ayer fuentes municipales a este periódico. Para constatar esta “normalidad”, apuntaron que “hay una media de 46.000 notificaciones de requerimientos/mes a través del Boletín Oficial de la Provincia o de las ediciones virtuales, que ahora se utilizan más”.
Indignación entre los colectivos sociales
“El gobierno de Juan Ignacio Zoido se ha encontrado con un nuevo escándalo mayúsculo y lo están tratando de tapar y de echar balones fuera”.
Este es el resumen de lo que está sucediendo con las supuestas irregularidades en el uso de la VPO por el edil Juan García Camacho para la Asociación por un Alquiler Municipal Digno, colectivo que representa a cientos de ciudadanos hispalenses que reclaman a Emvisesa la adaptación y rebaja sustancial de las cuotas de alquiler en función de las circunstancias socioeconómicas actuales y de los ingresos económicos de cada unidad familiar.
“Los compañeros de su partido están silenciando este caso tan escandaloso. Sí es cierto que la adjudicación de la VPO se hizo cuando gobernaba el PSOE, pero ha sido irregular desde el principio”, manifestó a este periódico José Fernández, portavoz de este colectivo, que informó que ayer mismo les fue anulada una reunión pendiente desde enero con el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, Maximiliano Vílchez (estaba prevista para hoy).
“Unos 80 miembros de la asociación, que son vecinos de Pino Montano -barrio donde está situada la VPO de García Camacho, nos han constatado que jamás han visto a este señor en esta vivienda durante todos estos años y que sólo le conocen porque precisamente es el delegado del Distrito Norte”, finalizó.
