La incertidumbre continúa estando en el aire para miles de familias que habían visto en el decreto antidesahucios promulgado por el Gobierno andaluz una salida a su situación. La admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso presentado por el Gobierno Central contra el Decreto-Ley andaluz de medidas para asegurar la Función Social de la Vivienda deja en suspenso la norma de forma cautelar durante cinco meses. Izquierda Unida ha iniciado su particular batalla para mostrar su rechazo. El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha pedido este lunes a toda la banca andaluza una moratoria de cinco meses para que los desahucios que se planteen en la comunidad autónoma se suspendan hasta que se conozca la decisión del TC.
La formación de izquierdas, precursora del decreto desde la Consejería de Fomento y Vivienda que dirige Elena Cortés, ha instado este lunes al Parlamento andaluz a seguir siendo "rebelde" frente a las políticas del PP en el Gobierno central y a aprobar "cuanto antes" la Ley autonómica para que se pueda seguir protegiendo a las familias de la comunidad afectadas por ejecuciones hipotecarias.
En Estepona, el coordinador local de IU, Antonio Murcia, ha presentado una moción por Registro de Entrada en el Ayuntamiento para que el pleno manifiesta su rechazo al recurso presentado por el Gobierno Central. "El Decreto es plenamente constitucional. El artículo 33 de la Constitución española consagra la función social del derecho de propiedad. La función social forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad", asegura el líder de izquierdas en el texto presentado. "La alusión a que el Decreto Ley afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad privada es falsaria y tramposa. Las administraciones expropian propiedades cada día para construir metros, autopistas, y hasta campos de golf, invocando para ello el interés general, sin que medie protesta alguna del Consejo de Ministros", sostiene Murcia.
Y es que Murcia considera que con esta norma, la Consejería de Vivienda de la Junta ha dado respuestas a la que considera una vulneración sistemática del derecho humano a la vivienda. Para el coordinador el Consejo de Ministros, con este recurso, no está defendiendo el derecho a la propiedad, sino los intereses de las entidades financieras "a costa de una violenta intromisión en la soberanía andaluza", apunta, recordando que el Decreto Ley no obtuvo ningún voto en contra en el Parlamento Andaluz, donde continúa su tramitación.
Es por ello que pide que el pleno esteponero inste al Parlamento Andaluz y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a "que continúen en la defensa del derecho humano a la vivienda y la soberanía del pueblo andaluz recogida tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Constitución". Por último, solicita en el escrito que el pleno inste al Presidente de Gobierno, el popular Mariano Rajoy, a que retire el recurso presentado en el Tribunal Constitucional.
