Gibraltar ha vuelto al primer plano de las relaciones entre España y el Reino Unido después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy denunciara el vertido de 70 bloques de hormigón en aguas españolas y el Gobierno británico convocara al embajador en Londres por las colas que se han registrado estos días en la verja.
España ha dejado claro en este sentido que los controles que realiza en la frontera no son "contra" medidas concretas sino que está "obligado" a hacerlos y que los considera "irrenunciables".
La tensión registrada en las últimas semanas entre España y las autoridades del Peñón después de que la administración gibraltareña impulsara el lanzamiento de bloques de hormigón en la bahía de Algeciras -que ha obstaculizado la labor de los pesqueros españoles- ha coincidido con estas retenciones.
"Con Gibraltar se ha acabado el recreo de la época de Moratinos", ha asegurado el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo.
"Nunca antes de Moratinos un ministro español de Exteriores había puesto a Gibraltar al mismo nivel que Reino Unido y España y reconocido algo como el Foro Tripartito. Eso fue un disparate", afirma el ministro en una entrevista en ABC.
De hecho, el Gobierno estudia una serie de medidas para hacer frente a las actitudes de Gibraltar, en las que participan varios ministerios y que analizan propuestas como investigar a unos 6.700 gibraltareños que tienen su residencia real en España pero no la fiscal y establecer una tasa de congestión a los vehículos que atraviesan La Línea con origen o destino en el Peñón.
García-Margallo concreta que esa tasa podría ser de 50 euros para entrar y 50 euros más para salir.
El 1 de agosto, sólo quince días después de que se cumpliera el 300 aniversario del Tratado de Utrecht por el que se cedió Gibraltar, el Gobierno del Peñón envió a la Comisión Europea un informe sobre las colas producidas en la frontera con España, una situación de la que culpa a las autoridades españolas.
El primer ministro adjunto gibraltareño, Joseph García, indicaba en la carta de queja que aunque España tiene el derecho de verificar las personas y los bienes que cruzan la frontera, estos controles "no deben interferir con el derecho a la libertad de movimiento de los ciudadanos de la UE".
El Gobierno español insiste en que Gibraltar no forma parte del espacio Schengen y añade que al no ser un territorio aduanero comunitario los controles en la verja del Peñón "son irrenunciables", porque realizarlos es su "responsabilidad".
Al no pertenecer a Schengen no se aplica la libre circulación de mercancías en Gibraltar ni tampoco el régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), por lo que España "está obligada a realizar controles en la verja", argumenta el Ejecutivo.
Unos controles que, además de adecuarse al código de fronteras Schengen, son necesarios para evitar los "frecuentes" tráficos ilícitos y contrabando en la zona, añade España.
La queja de Gibraltar por las colas se produce después de que el Gobierno español denunciara el 30 de julio, ante la Fiscalía de Medio Ambiente, el vertido "incontrolado" de 70 bloques de hormigón en aguas españolas próximas a Gibraltar.
El lanzamiento de los bloques, defendido por las autoridades gibraltareñas como un intento por crear un "arrecife artificial" que proteja los fondos marinos, incumple las normas medioambientales, imposibilita el desarrollo de la actividad marisquera tradicional en la zona y dificulta la pesca de cerco, según la denuncia española.
Las retenciones de vehículos en la frontera, derivadas de la intensificación de los controles que realiza la Guardia Civil, comenzaron un día después del lanzamiento de los bloques y, según la queja de Gibraltar, con ellas se ha impedido la entrada en la colonia de camiones cargados con piezas de cemento.
España ha dicho que los controles no son "contra" medidas concretas, ha recalcado que está "obligado" a hacerlos y ha hecho hincapié en que "no violan el principio de no discriminación, ni la libre circulación y guardan proporcionalidad".
El incidente fue más allá ya que el Ministerio británico de Exteriores convocó hace dos días al embajador español en el Reino Unido, Federico Trillo, para manifestarle su "preocupación" por los retrasos en la frontera de España con Gibraltar.
En esa reunión, a la que asistió el encargado de negocios de la embajada española en Londres, Ramón Gandarias, al estar ausente Trillo, España reiteró que es su obligación realizar los controles, la misma postura que transmitió por teléfono García-Margallo a su homólogo británico, William Hague.
Fue el 26 de junio de 2002 cuando los entonces ministros de Asuntos Exteriores de España, Josep Piqué, y del Reino Unido, Jack Straw, hablaron de Gibraltar y desde entonces el parón en la búsqueda de soluciones ha sido la tónica predominante.
El control de las aguas que rodean Gibraltar es el punto más conflictivo del contencioso que mantiene España con Reino Unido sobre la Roca, que se manifiesta en tres áreas: la pesca, el medio ambiente y la lucha contra el contrabando y el narcotráfico.
García-Margallo se ha marcado el reto de desbloquear las conversaciones sobre el dominio del Peñón, después de que el anterior Gobierno socialista optara por dejar a un lado este asunto y apostar por la cooperación a través del Foro de Diálogo tripartito.
