Asociaciones de víctimas del 'robo de niños' han expresado su "desagrado" con las palabras del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, asegurando que las fiscalías territoriales actúan de manera "homogénea" en todo el territorio. Aseguran que hay zonas en las cuales todas las denuncias son archivadas, mientras que en otras se inicia una investigación.
Las organizaciones afirman que el ministro de Justicia "se equivoca" cuando garantiza que la Fiscalía sigue el mismo criterio en todos los puntos del territorio nacional, como hizo el pasado martes al responder en el Senado a una pregunta formulada por el parlamentario del PNV José María Cazalis. Gallardón añadió que prueba de esta uniformidad es que la mayoría de los denunciantes no recurren los archivos.
La presidenta de SOS Bebés Robados Huelva, Esperanza Ornedo, ha respondido que su asociación recurre los archivos pero finalmente las denuncias vuelven a ser sobreseídas en los Juzgados "por prescripción".
"Se olvida el ministro de que no tenemos la condición de víctimas y de que la Justicia no es gratuita para nosotros y la inmensa mayoría de las familias tienen escasos recursos, sin hablar de la crisis en la que estamos inmersos", ha destacado.
Ornedo ha recordado que la circular 2/2012 de Fiscalía General permite a los fiscales hacer pruebas de ADN y exhumaciones sin necesitar el consentimiento del juez, pero en Huelva el "desinterés mostrado por el fiscal a las exhumaciones solicitadas por los afectados ha sido total y absoluto".
"Se ha negado a exhumar en puntos exactos localizados por la Policía y también en tumbas y nichos de propiedad privada, aún teniendo autoridad legitimada para hacerlo, es por ello que en la primavera pasada se hizo llegar una queja a la Fiscalía General del Estado, aún pendiente de contestación", ha revelado.
En el extremo contrario, está Cádiz, donde la asociación ha querido agradecer que el Ministerio Público apoye a los afectados "hasta el final". "Aunque después las audiencias provinciales sean las que han unificado criterios y archivan todos por prescripción tanto en Cádiz como en Huelva", ha agregado.
DENUNCIAS GUARDADAS EN UN CAJÓN
Los afectados han alertado así de que sus denuncias prosperan o, por el contrario, son sobreseídas y "guardadas en un cajón" en función de la ciudad en la que vivan y han cifrado en cerca de 2.000 denuncias las archivadas. Además, han lamentado no haber mantenido "ninguna relación" con el Ministerio de Justicia desde febrero y denuncian que la comunicación con este departamento está "completamente deteriorada".
En relación con la disparidad de criterios de las fiscalías, la presidenta de la asociación malagueña ALUMBRA, María Bueno, ha advertido que "están intentando que poco a poco las madres aceptemos la muerte de nuestros hijos desaparecidos, hijos que hay que exhumarlos, la mayoría privadamente, en los cementerios para confirmar que están todos muertos, sin que nadie nos diga quién, cómo, cuándo y por qué".
En este contexto, ha recordado que las víctimas solicitaron a la fiscal Ana Murillo, que sirve de enlace entre las asociaciones y el Ministerio, un informe general de las actuaciones de la Fiscalía pero este "nunca llegó". "La comunicación de las asociaciones con el Ministerio está completamente deteriorada", ha agregado. El comunicado está suscrito por las asociaciones Alumbra, SOS Bebés Robados de Almería, Cádiz, Huelva, Madrid y Murcia.
