Los inspectores de la Comisión Europea viajarán a Gibraltar del 24 al 26 de septiembre para determinar si el endurecimiento de los controles fronterizos por parte del Gobierno español desde este verano se ajusta a la normativa comunitaria, tal y como ha pedido Reino Unido, y para examinar sobre el terreno los problemas de contrabando y de blanqueo de capitales, como exige España, según informaron a Europa Press fuentes del Gobierno español y del Ejecutivo comunitario.
La previsión es que los inspectores lleguen a la zona el próximo día 24, dediquen el 25 a realizar todos los trabajos que les han sido encomendados y regresen el día 26 de septiembre, tras el acuerdo cerrado en las últimas horas entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el jefe del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso.
Finalmente, y pese a las peticiones de España, han quedado fuera del mandato de la misión el lanzamiento de 70 bloques en la bahía de Algeciras por parte de las autoridades del Peñón, que impiden faenar a la flota española, según han informado fuentes comunitarias.
El lanzamiento de los bloques de hormigón está siendo examinado por separado por el Ejecutivo comunitario, a raíz de una queja presentada por España, para verificar si vulnera la legislación medioambiental de la Unión Europea. Bruselas solicitó a principios de septiembre información complementaria a Madrid y las autoridades españolas respondieron la semana pasada con un dossier de más de un centenar de páginas.
Fue el primer ministro británico, David Cameron, el que solicitó en agosto al presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, que enviara una misión de observadores a Gibraltar. Cameron denunció que los controles fronterizos españoles en el Peñón son desproporcionados y están políticamente motivados.
Sin embargo, a esta conversación con José Manuel Barroso le siguió otra de Mariano Rajoy, quien defendió ante el presidente de la Comisión los controles en la Verja alegando que España ejerce "sus obligaciones legales al establecer controles aleatorios, proporcionales y no discriminatorios en la frontera", entre otras razones, porque no se trata de territorio Schengen --respaldado por un acuerdo según el cual los países que lo han suscrito han suprimido los controles en las fronteras interiores y los trasladan a las exteriores--.
El jefe del Ejecutivo español aceptó el envío de la misión pero reclamó la ampliación de su mandato para que controlara que "la actividad económica en Gibraltar no vulnera la normativa europea relativa a blanqueo de dinero, contrabando y fiscalidad". Estos asuntos son de especial interés para España, por el notable perjuicio que su práctica conlleva para las arcas del Estado.
El Gobierno británico no era partidario de ampliar la misión a estos asuntos, pero, según han asegurado a Europa Press fuentes del Ejecutivo español, finalmente los inspectores también trabajarán sobre los problemas de blanqueo de capitales, además de los controles fronterizos y el contrabando.
Barroso pidió el pasado jueves en una entrevista a Rajoy y a Cameron "sentido común" para "encontrar una solución a los problemas políticos" en Gibraltar. Pero dejó claro que no dudará en actuar contra España si detecta que los controles en la Verja violan la libre circulación de personas o bienes y también abrió la puerta a actuar contra el posible contrabando de tabaco.
