El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha presentado al Consejo de Ministros el informe de los técnicos sobre los sismos registrados desde mediados de septiembre frente a la costa de Vinaroz (Castellón), que confirma que hay una "probabilidad alta de que haya una relación directa" entre estos movimientos y las inyecciones de gas que se han introducido desde el 13 de junio y el 16 de septiembre en el almacén de Castor. Además, consideran "limitado" un riesgo sísmico más relevante.
Así, ha asegurado que "la situación no es preocupante" y que el Gobierno está haciendo un seguimiento de la situación y está "preparado" para actuar.
Según ha explicado, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el resto de expertos que están siendo consultados aseguran que el riesgo de que haya movimientos sísmicos relevantes es un riesgo limitado. "El riesgo es limitado", ha apostillado.
El ministro ha recordado que desde el 26 de septiembre, a raíz del seísmo de magnitud superior a 3,5 en la escala Richter que se produjo dos días antes, su departamento emitió una resolución ordenando la paralización de cualquier tipo de inyección de gas adicional en el almacenamiento subterráneo.
Además, ha añadido que están paradas todas las actividades y que la paralización seguirá vigente hasta que no existan garantías absolutas de seguridad al 100 por 100 para la población. Hasta entonces "no se pueden reanudar las actividades" en el almacén subterráneo, según Soria.
"Un movimiento de 3,6 magnitud Richter fue lo suficientemente importante para el Gobierno como para frenar y parar cualquier tipo de inyección adicional de gas", ha comentado.
Asimismo, ha indicado que hay un grupo que está integrado por expertos del IGN, del IGME, de Protección Civil y de la empresa que está haciendo recomendaciones que el Gobierno está "llevando a cabo" y se ha creado también un grupo de trabajo interministerial.
Por ello, entre otras medidas, este fin de semana se van a instalar dos sismógrafos adicionales (a los dos existentes) para tener mayor precisión de los posibles movimientos telúricos.
COORDINACIÓN CON LAS CCAA
En todo caso, ha asegurado que el Gobierno está "totalmente preparado para actuar ante cualquier tipo de situación" y que las comunidades autónomas de Cataluña y Valencia han activado sus respectivos planes de sismicidad, en su nivel más bajo, el nivel 0 porque la situación no es preocupante para elevar de nivel dichos planes.
Soria ha insistido en que el Gobierno está haciendo un seguimiento exhaustivo de la situación y está en contacto permanente con las autoridades de Cataluña y de la Comunidad Valenciana para lo que se ha convocado una reunión el lunes en la sede del Ministerio a la que asistirán representantes de las comunidades autónomas, de las delegaciones del Gobierno en estas regiones y a los alcaldes de los municipios afectados en la zona.
Por otro lado, Soria ha apuntado que el procedimiento administrativo existente para autorizar una instalación de estas características está reglado y que se ha seguido "en todos sus pasos".
Concretamente, ha precisado que en 2008 se consiguió la autorización para la explotación de un almacenamiento subterráneo de gas; en 2009 se aprobó en el Consejo de Ministros la Declaración de Impacto Ambiental y en 2010 se concedió la autorización administrativa.
"Todo el procedimiento se otorgó correctamente", ha confirmado el ministro que ha añadido que, en base a esto, en 2012 su departamento entregó a la empresa el acta por la que autorizaba al puesta en marcha del proyecto.
Finalmente, ha dicho que este proyecto, igual que el resto, ha sido expuesto a información pública por lo que ha dado por entendido que la población de la zona estaba enterada del mismo.
