El alcalde de Los Marines, José Ramón Rodríguez (PSOE), se enfrenta a cuatro años de prisión y nueve de inhabilitación por los delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, acusado de construir ilegalmente una vivienda en suelo protegido.
Esta es la petición que solicita la Fiscalía en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, en el que se explica que el alcalde construyó una vivienda de 80 metros cuadrados en una finca de su propiedad ubicada en el Paraje del Agua de Los Marines, que se encuentra situada en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en suelo no urbanizable de especial protección.
Esto a pesar de que había solicitado, y así se le concedió en 2006 por parte de la dirección del parque, autorización y licencia de obras para construir una caseta de aperos de 40 metros cuadrados y 3,5 metros de altura en una sola planta en 2005.
En los hechos también están implicados el teniente de alcalde, Benjamín Aranda, quien supuestamente le concedió la licencia a sabiendas de que la intención del alcalde era contar con una segunda vivienda incompatible con la normativa urbanística; y una arquitecta municipal.
El fiscal considera que "no se han respetado las autorizaciones" y que el alcalde se construyó una vivienda destinada a "segunda residencia, incompatible con la legislación protectora del parque".
En agosto de 2006, un agente de Medio Ambiente abrió expediente sancionador por este motivo, lo que derivó en la imposición de una multa de 650 euros que Rodríguez abonó en 2007.
En 2008 el alcalde solicitó nueva autorización para construir una alberca de riego en dicha finca y obtuvo el permiso de la dirección del parque, aunque construyó una piscina.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se percató de las construcciones en abril de 2011, tras inspeccionar la finca a instancias de la Fiscalía.
Fue entonces cuando la arquitecta municipal elaboró un informe constatando que lo construido era una alberca y respetaba las autorizaciones concedidas, al objeto de "evitar la sanción y la demolición", según la Fiscalía.
Estas tres personas serán juzgadas el próximo 21 de octubre en el Juzgado de lo Penal número 3 de Huelva.
